*Ningún alcalde o alcaldesa informó de denuncias penales contra corruptos.
De la redacción
Con honrosas excepciones, los informes de las alcaldesas y alcaldes mexiquenses, correspondientes al primer año del trienio, fueron pobres en resultados para los gobernados. No estuvieron en condiciones de reseñar grandes logros, de acuerdo con un seguimiento de “El Espectador” al contenido de la rendición de cuentas.
En diciembre terminaron sus gestiones malos alcaldes y alcaldesas, cuyo desempeño fue tan malo que una abrumadora mayoría no pudo reelegirse. Los votantes le retiraron justificadamente la confianza en las urnas.
Las nuevas y nuevos gobernantes municipales encontraron administraciones quebradas, con deudas a proveedores de bienes y servicios, con constructoras de obas y fuertes pasivos laborales e indicios de actos de corrupción.
No fue mejor la situación heredada en materia de los servicios públicos básicos, razón de ser de las autoridades municipales. Las nuevas recibieron calles llenas de baches, altos niveles de inseguridad pública y corrupción e irresponsabilidad y denunciaron mediáticamente la situación.
Casi un año después los servicios siguen mal el asfalto de las arterias urbanas causan irritación; el agua es insuficiente y un alto porcentaje de la población la recibe con intermitencia y de mala calidad, según quejas de las amas de casa.
La inseguridad pública se agravó en Toluca, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, que figuran entre las que sus poblaciones se sienten más inseguras. En un año desplazaron a Ecatepec en materia de inseguridad pública.
Los altos niveles de corrupción que denunciaron en los medios informativos no fueron más allá, como se evidenció en los informes: ningún alcalde, ni alcaldesa informó a sus gobernados que había presentado denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) contra presuntos corruptos y corruptas antecesores y antecesoras de las actuales autoridades.
Fueron inventados los actos de corrupción denunciados al inicio del actual trienio municipal o los nuevos gobiernos establecieron compromisos de encubrimiento y complicidad con sus antecesores, incluyendo a ex alcaldes y ex alcaldesas verdaderamente corruptos. Y en cualquiera de los caso resulta reprobable y en perjuicio de los gobernados.
