*Lleva más de 4 años desocupado, y paga renta para oficinas que estaban ahí.
De la redacción
Desde hace más de cuatro años el gobierno estatal destina un alto presupuesto para rentar inmuebles para sus oficinas que tenía en su edificio de Avenida Lerdo y Avenida Juárez, en el corazón de Toluca.
Éste fue abandonado por fallas en el entubado del Río Verdiguel y que corre por abajo, como lo hace en otros inmuebles particulares de esa zona, hasta la delegación de Santiago Miltepec, donde se convierte en un canal de aguas negras que descarga en el Rio Lerma.
El edificio fue construido en los últimos años del sexenio de Jorge Jiménez Cantú, y se desalojó por presuntos riesgos para los servidores públicos durante el sexenio de Alfredo del Mazo Maza.
Jesús Castañeda Arratia, ex presidente del Colegio de Arquitecto del Estado de México (CAEM) y urbanista prestigiado, aseveró que ese inmueble público puede rescatarse y reforzarse su estructura para desvanecer el peligro para sus ocupantes.
“Los arquitectos y la misma Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) pueden brindar asesoría y dirección de los trabajos sin cobrarle al gobierno, que sólo pondría los materiales y el personal de albañilería”, aseveró.
“Debió desocuparse para que se resolvieran los problemas derivados del Río Verdiguel, pero no abandonarlo para siempre y quedar el gobierno obligado a destinar millones para renta de oficinas”, insistió Castañeda Arratia.
Reforzada la estructura y cancelado cualquier riesgo, “el gobierno se ahorraría el dinero que ahora paga en renta de edificios y oficinas, y recuperaría un importante activo de su propiedad”, comentó.
En el anterior sexenio, además de abandonar al inmueble en cuestión, perdió las instalaciones del módulo de policía que se localiza en el Paseo Matlatzincas y Avenida Pino Suárez, cerca del Mercado 16 de Septiembre.
El módulo de seguridad llevaba más de 30 años operando, pero después de tres décadas un particular reclamó la propiedad del predio, y el gobierno estatal no pudo defenderlo legalmente y tuvo que entregarlo a quien se ostentó como dueño del terreno. No hay antecedentes en el país de un caso en el cual, después de más de 30 años de haber construido instalaciones una autoridad es obligada a devolverla a un particular que se reclama dueño.
De acuerdo con información obtenida, esa persona tiene pensado ahora obligar a las autoridades que demuelan las instalaciones policíacas y le dejen limpio su terreno. Y de lograrlo, se llegará al absurdo de que el gobierno se quedara sin esa propiedad y tendrá que gastar en la demolición del módulo de seguridad, donde ya operan comerciantes sin los permisos correspondientes.
