EMPRESARIOS PARTICIPAN EN
CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
ACERTADO INVESTIGAR Y CASTIGAR A LOS
EMPRESARIOS DEDICADOS AL “HUACHICOL”
Desde siempre, la difusión y condena a actos de corrupción se centra contra los funcionarios públicos. No es inmerecido el cuestionamiento, pero sí, insuficiente, porque no abarca a todos los participantes en las acciones que ocasionan quebrantos al erario o al patrimonio nacional.
Nunca o muy excepcionalmente se pone el acento en la presencia en este tipo de actos delictivos de los empresarios. Como si existiera una especie de protección por razones de clase de los propietarios de los grandes medios informativos a empresarios de otras ramas económicas que se benefician de la corrupción del poder público, porque sus nombres permanecen ocultos.
En estas circunstancias, para los medios informativos y sus periodistas más conocidos los únicos corruptos y a quienes debe castigarse con rigor son los funcionarios públicos deshonestos. Es válida la exigencia, pero no la virtual exoneración mediática de los empresarios que participan, inclusive muchas veces inducen a los primeros a corromperse.
Al ocultar a este componente de los actos corruptos, la sociedad desconoce que las ganancias que producen los daños patrimoniales a la nación, los estados, municipios y entidades autónomas, en su abrumadora mayoría son acaparadas por particulares, empresarios privados que pasan desapercibidos.
Cuando se descubren los actos de corrupción, los únicos desprestigiados (merecidamente, insistimos) son los personajes del poder público, mientras los empresarios corruptos no pagan ningún costo en su imagen o patrimonio por los grandes beneficios que les reporta la corrupción.
Con estos antecedentes, debe tomarse como algo positivo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo haya anunciado que en el combate a la corrupción, la cual permite y explica las actividades de los huachicoleros, se investigará también a empresarios.
Es claro que los delincuentes particulares que sustraen gasolinas cuentan con la complicidad y protección de algunas autoridades, pero también con el respaldo de quienes hacen llegar el producto robado a los consumidores, y que se quedan con la mayor parte de las ganancias ilícitas.
A diferencia de mercancías de otro tipo, arrebatada a los transportistas en las carreteras, que puede distribuirse en mercados, particularmente en tianguis o sobre ruedas, y aun venderse al comercio formal, las gasolinas robadas no pueden expenderse más que sitios específicos, como lo son las gasolinerías.
Estos negocios tienen dueños, y como es entendibles, el combustible robado sólo puede expenderse con su consentimiento, mediante cobro de comisión o bien adquirido a bajo precio, de ahí que quienes participen en el entramado delictivo mencionado deben ser castigados, igual que los delincuentes que operan la extracción del producto y los funcionarios coludidos en las operaciones.
