*Vándalos irrumpieron en Campo Militar Número Uno con tácticas de guerrilla urbana.
De la redacción
En vísperas del 11 aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, un grupo de provocadores con el rostro cubierto incurrieron en actos violentos en la entrada del Campo Militar Número Uno, donde previo robo de un camión de carga, rompieron la entrada de las instalaciones castrense y le prendieron fuego al vehículo.
Este día se cumplen 11 años de la desaparición de los estudiantes normalistas, ocurrida en Iguala Guerrero, cuando se apoderaban de autobuses para acudir días después a la Ciudad de México, a los actos con que se recordaría la masacre de universitarios del 2 de octubre de 1968. En circunstancias no esclarecidas aún, con la participación de policías de varios municipios de la zona, los 43 estudiantes normalistas fueron privados ilegalmente de su libertad y hasta la fecha se desconoce su destino.
De acuerdo con la información difundida de las autoridades estatales y federales de entonces, los jóvenes fueron entregados al grupo criminal “Guerreros Unidos”, dedicados al tráfico de drogas hacía Chicago, Estados Unidos, para lo cual utilizaban autobuses, uno de los cuales habría sido tomado por los estudiantes normalistas.
Los mandos de la organización criminal “Guerreros Unidos” -cuyos mandos tenían vínculos familiares con la esposa del entonces alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca- habrían recibido información equivocada que les hizo suponer que algunos de los normalistas pertenecían a un grupo enemigo, por lo cual decidieron privarlos de la libertad y desaparecerlos.
El en ese tiempo procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, estableció que todos los 43 alumnos desaparecidos fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, municipio limítrofe con el de Iguala, en lo que definió como “verdad histórica”, por lo cual está preso, además de cargos de torturas contra presuntos culpables de la agresión a los alumnos normalistas.
Hoy se cumplen 11 años de esos acontecimientos, que generaron un escándalo estatal, nacional e internacional, y ocasionaron la renuncia a su cargo del gobernador guerrerense, Ángel Aguirre Rivero, cuadro del PRD, como lo era José Luis Abarca, en lo que fue considerado un “ajuste de cuentas” del PRI contra su antes militante mandatario, por haber aceptado la candidatura del PRD a gobernador y derrotar a Manuel Añorve Baños, del PRI.
La lucha de los padres de los normalistas desaparecidos tiene un amplio respaldo social, pero grupos de provocadores, como el de ayer, empañan su causa que exige la presentación de sus hijos, que es pacífica y justificada. Los provocadores, sea por mercenarismo o por radicalismo enfermizo, le hacen el juego a la derecha y la ultraderecha, al amparo de una causa respetable y de gran apoyo popular.
Dos de los normalistas víctimas de desaparición fueron asesinados y sus restos identificados plenamente, por lo que en estricto rigor, el número de víctimas cuyo destino se desconoce, es de 41, por más que para efectos de la justa lucha de los padres, se trate de 43 estudiantes privados de la libertad.
En este panorama ocurrió ayer el acto de provocación, y también cabe destacar que quien durante más de 10 años fue representante legal y vocero de los padres de familia, Vidulfo Rosales, dejó esa posición y se incorporó al equipo de cercanos colaboradores del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.
