COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZAMO R.
EL PT SE IMPUSO A MORENA EN EL PLAN B DE LA R.
ELECTORAL:NO REVOCACIÓN DE MANDATO EN 2027
El Partido del Trabajo (PT), fortalecido por los votos de Morena, se impuso a este partido en el poder. Lo obligó a retirar de la iniciativa del Plan B de la Reforma Electoral, el cambio al artículo 35 constitucional, el cual permitiría adelantar para el 2027 la consulta de revocación de mandato. Se unió al PRI, PAN y MC en la oposición a la reforma a ese artículo. Esa fue la condición que puso para respaldar las propuestas de reducción del número de regidores, de los presupuestos de los poderes legislativos locales y del Senado de la República.
Una vez excluido el tema de la revocación de mandato de la presidenta de la República, a lo cual estuvo en contra desde un principio toda la oposición, el PT apoyó también que los integrantes del Consejo electoral del INE, magistradas y magistrados del TEPJF, de los consejos electorales de los organismos estatales y magistrados de tribunales electorales locales no ganen más que la presidenta de la República; es decir, que no violen, o sigan violando la Constitución en este tema.
Sin los votos de los senadores del PT la iniciativa no habría pasado, porque Morena con sus senadores no logra la mayoría calificad de 86 votos. La noche del miércoles pasado alcanzó 87 y votaron en favor 41; es decir, no faltó un solo senador a la larguísima sesión. Sin el PT, la oposición no pudo evitar la aprobación de reformas a tres artículos constitucionales y Morena pudo sacarlas adelante, aunque sin la posibilidad constitucional de que en el 2027 la presidenta Sheinbaum Pardo se someta a revocación de mandato.
Para justificar su oposición y coincidencia con el PRI, PAN y MC en el tema, el Partido del Trabajo expuso los mismos argumentos que esos tres partidos: la aparición de la presidenta de la República en las boletas el mismo día y en los mismos sitios de votación de las otras elecciones, especialmente la de diputados federales, favorecería a los abanderados de Morena y perjudicaría a los de los otros partidos. La revocación de mandato ya está en la Constitución, pero para el cuarto año del sexenio.
Además, esta consulta popular constitucional no es obligatoria. Es una facultad de los ciudadanos pedir esa consulta, para lo cual debe reunir un determinado porcentaje de firmas de quienes integran la lista nominal de electores. Si no la reúnen o no hay interés de hacerlo, no se efectúa. Y ese interés se dará cuando se presente el caso de un mal o mala presidenta de la República, que correría riesgos de ser rechazada mayoritariamente en las urnas y obligada a dejar el cargo.
Una vez más, el PT se convirtió en el aliado incómodo, convenenciero, que en una votación relevante deja su alianza con Morena y se une a la oposición. Así pasó con la primera iniciativa de reforma electoral, que buscaba reducir 32 senadores de lista, disminuir las prerrogativas a los partidos y suprimir las candidaturas plurinominales, utilizadas por las cúpulas partidistas para colocarse ellas mismas y sus familiares, amigos y aliados en los primeros lugares de las listas.
De esta forma, los dirigentes deciden quienes de sus compañeros de partido serán diputados, al ubicarlos en los primeros lugares. Con ello usurpan el derecho constitucional de los votantes a escoger diputados o senadores, porque no conocen a los candidatos, quienes no hacen campaña y se benefician de los votos que se emiten en favor de sus correligionarios candidatos de mayoría. Eso seguirá, al igual que los montos de las prerrogativas y los senadores plurinominales.
En este último caso el problema es mayor, porque de acuerdo con la constitución, senadoras y senadores representan entidades federativas, principio que rompe cuando hay estados que tienen más de un senador plurinominal y otros, que no tienen ninguno, además de que la lista de abanderados partidistas es nacional. Las y los senadores de listas le deberán los escaños al PT, que adquirió una enorme capacidad de chantaje a Morena, capaz de frustrar iniciativas que requieran para su aprobación mayoría calificada.
