*Donald Trump nada hace para evitar las adicciones y atacar el negocio criminal.
De la redacción
Un combate a las drogas, como el sostenido por las autoridades mexicanas, no tiene equivalente en el territorio de Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump nada hace o hace muy poco para prevenir las adicciones o desmantelar las redes de tráfico y narcomenudeo en territorio estadounidense.
Menos se atreve a combatir y erradicar el “lavado de dinero” proveniente de la comercialización de las drogas al menudeo. El “blanqueo” de efectivo producto de actividades delictivas en territorio estadounidense corre por cuenta del capital financiero, convertido ahora en motor de la economía del vecino país, desplazando a las manufacturas que dominaron siempre al interior, según un seguimiento de “El Espectador” y “La Noticiería” a la actitud y resultado del combate a las drogas de Trump en su país.
De acuerdo con información oficial del gobierno mexicano, desde el inicio del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el primero de octubre del 2024, y hasta el 28 de febrero del presente año fueron decomisadas en el territorio y aguas nacionales casi 350 toneladas de drogas y destruidos dos mil 218 narcolaboratorios.
En el mismo período, los presuntos delincuentes capturados sumaron 46 mil 405, y las armas decomisadas a los criminales alcanzaron un número superior a las 24 mil, de las cuales el 80 por ciento ingresó ilegalmente al país desde Estados Unidos.
Mientras tanto, el gobierno estadounidense que encabeza Donald Trump no ha tenido logros siquiera lejanos a los alcanzados por México en su lucha contra el narcotráfico, que beneficia a los Estados Unidos y le evita mayores problemas de drogadicción, muertes por sobredosis y daños diversos por el excesivo consumo de los jóvenes estadounidenses, lo cual no agradece el neonazi gobernante.
Insiste, en cambio, en violar la independencia, soberanía e integridad territorial de México, porque quiere venir con sus tropas a hacer aquí lo que no hace en su territorio, lo cual genera la sospecha, casi certeza, de que gente muy poderosa en el gobierno de la primera potencia económica y militar del mundo es la beneficiaria del negocio criminal; es decir son quienes se quedan con 372 mil millones de dólares de los 400 mil millones anuales que representa el mercado de las drogas al menudeo en suelo estadounidense.
