*Gobiernos estatales, sin facultades para firmar acuerdos con gobiernos extranjeros.
De la redacción
La madruga del 18 de este mes ocurrió un accidente en las estribaciones de la zona serrana de Chihuahua. El vehículo guía de un convoy que había participado en un operativo contra laboratorios clandestinos productores de drogas sintéticas se fue a una barranca.
Se fue dando tumbos y estalló, murieron sus cuatro ocupantes. Hasta ahí, a pesar de lo trágico del susceso no hubo nada de anormal, pues en la lucha contra los narcotraficantes, desafortunadamente, muchos agentes policiacos y de fuerzas federales han perdido la vida en enfrentamientos armados y en accidentes carreteros.
Pero el caso ganó notoriedad porque dos víctimas eran agentes de la embajada de Estados Unidos que, según la información de las autoridades de la entidad federativa fronteriza, desarrollaban tareas de entrenamiento a policías estatales en manejo de drones, precisamente como los que permitieron detectar los dos laboratorios clandestinos esa noche.
En un principio se dio a conocer que las víctimas mortales del accidente participaron en las acciones de desmantelamiento de dos sitios donde se elaboraban drogas de diseño para el mercado estadounidense.
Sin sembargo, esos agentes extranjeros no podían ser contratados mediante convenio de autoridades estatales de Chihuahua, porque carecen de facultades para ese tipo de acuerdos, por lo que cuando terminen las investigaciones ordenadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, si el gobierno estatal se atrevió a firmar convenio de colaboración con Estados Unidos, tendrá problemas graves.
Fue el fiscal general de Justicia de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno quien salió a dar la cara. Negó que los agentes estadounidenses fallecidos hubieran participado en el operativo para desmantelar los laboratorios, uno de 850 metros cuadrados.
No fue muy clara, ni convincente su información del por qué ambos agentes extranjeros viajaban con el director regional de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Ramón Oseguera Cervantes (al parecer no tenía parentesco con “El Mencho”, aunque coinciden los apellidos) y su escolta, Manuel Genaro Martínez Montes. Los cuatro perdieron la vida.
Jáuregui Moreno explicó la presencia de los agentes de la embajada de Estados Unidos en el convoy, con la versión de que los participantes en el operativo pasaron por un pueblo denominado Polanco, donde estaban los estadounidenses.
Allí les ofrecieron un “aventón” hacía el Aeropuerto de Chihuahua, donde iban a abordar un avión, lo cual resultaría muy extraño, porque se supone que las víctimas extranjeras disponían de medios para transportarse, sin necesidad de “un aventón”. Al cierre de esta edición de “El Espectador” se ignoraban todavía los resultados de la investigación ordenada por la jefa del Estado Mexicano.
