*Se trata de mexicanos que delinquieron en México y huyeron al vecino país.
De la redacción
Las relaciones diplomáticas México-Estados Unidos siempre han reflejado la asimetría existente en materia económica y militar, desfavorable a nuestro país, como lo prueban numerosos hechos.
Esa realidad se acentuó con el arribo de Donald Trump a la presidencia en su segundo período, como lo han documentado y difundido “El Espectador” y “La Noticiería”, producto de seguimiento a comportamientos inamistosos de los vecinos.
Como antecedente, Estados Unidos ha negado 36 solicitudes de extradición, con el argumento de pruebas insuficientes, como es el caso de los 10 sinaloenses solicitados por ese país, que presentó con sentido de urgencia.
Bastante notorio es el tema del tratado de extradición, al cual sólo el gobierno mexicano le da vigencia, como lo prueban los 90 delincuentes de alta peligrosidad -algunos de ellos habían radicado en territorio estadounidense- extraditados por México en un período 16 meses.
Esa asimetría se refleja igualmente en la postura de la oposición y los medios informativos, que adoptan la misma posición que Trump en casos como la extradición de personajes sinaloenses.
No les preocupa la desatención de las autoridades estadounidenses a las solicitudes de extradición de presuntos delincuentes mexicanos que huyeron de aquí y se refugiaron allá, después de haber cometido delitos graves.
Y como resultado de esa indiferencia frente a las solicitudes presentadas por México, la inacción se convierte en protección de las autoridades del vecino país a delincuentes peligrosos.
Desde hace tiempo México demandó la entrega de dos presuntos involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Esos personajes huyeron y están en territorio estadunidense, pero no los extraditan.
Ni siquiera contesta el gobierno de Donald Trump si los enviará o no a México, sin que la oposición y el poder fáctico mediático critiquen la falta de atención, como si condenan que no se entregue de inmediato a los sinaloenses, incluyendo al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
Hay cuatro casos más de supuestos delincuentes mexicanos que están en Estados Unidos, de quienes el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pidió su extradición y no hay respuesta positiva.
Se trata de cuatro empresarios acusados de haber participado a nivel de dirigencia en el delito de “huachicol fiscal” en agravio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Permanecen impunes y fuera del alcance de la justicia mexicana, porque están viviendo en Estados Unidos, y las autoridades de esa nación no muestran el menor interés por cumplir con sus obligaciones adquiridas en el tratado de extradición de los dos países. No son delincuentes de poca monta, sino relevantes, que en el caso de los señalados como parte de quienes desaparecieron a los normalistas en iguala, Guerrero, su ausencia entorpece los procesos penales. Trump exige lo que no da en reciprocidad.
