*La gobernadora de Chihuahua maneja una estrategia de comunicación para presentarse como víctima en el caso de potencial traición a la patria en que está envuelta.
De la redacción
La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, sostuvo que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, difunde información falsa para declararse víctima de persecución política, de lo cual es prueba la aseveración de que la Fiscalía a su cargo mantiene abierta una carpeta de investigación.
Campos Galván declaró que su antecesor en el cargo, Javier Corral Jurado, la acusó ante la FGJCDMX por el caso aquel de cuando agentes de la Procuraduría de la entidad norteña trataron de capturar al exmandatario de su estado, pero el operatino se frustró porque los policías ministeriales no traían el oficio de colaboración para actuar en la capital del país.
Corral Jurado sostiene se trató de un intento de privarlo ilegalmente de su libertad, porque los agentes no podían capturarlo en Ciudad de México sin cumplir con el protocolo, y atribuyó ese interés en encarcelarlo a que él encontró y denunció corrupción de la ahora gobernante, del tiempo cuando fue coordinadora de los diputados locales del PAN y recibió mucho dinero y otras prebendas del entonces gobernador César Duarte.
Entre esos actos de corrupción destacaba una tarjeta de crédito que Campos Galván recibió de Duarte, con la cual financió viajes a Europa y a otras regiones del mundo y gastó fuertes sumas en compras a cargo del gobierno estatal, cuando se suponía que era coordinadora de diputados locales de oposición.
Por ese intento de aprehensión, cuando Corral todavía no era senador de la República, se acusó a Campos Galván, pero la FGJCDMX resolvió el “no ejercicio de la acción penal”, lo que es del conocimiento pleno de la gobernadora, pero aun así denuncia mediáticamente que la institución participa en la persecución política que le hace el gobierno de la presidenta Claudia Cheinbaum Pardo, en una manipulación destinada a engañar a la opinión pública porque, como se dijo, la propia resolución de la Fiscalía capitalina sostiene que no hay elementos para integrar una carpeta de investigación y consignarla a un juez.
