*La resolución de la jueza que los vinculó a proceso así lo determinó.
De la redacción
De ser un poderosísimo funcionario del gobierno de Alfredo del Mazo Maza, con mayor influencia de la que pudiera inferirse, el ex subsecretario Óscar “N” permanecerá encarcelado durante el desarrollo del proceso penal en su contra en un juzgado adscripto al penal de Santiaguito.
Una jueza lo vinculó a proceso, junto con nueve coacusados en el delito de venta de plazas de maestros estatales, cuya nómina manejaba el entonces subsecretario de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo mexiquense.
Pero no era un subsecretario más en el organigrama del gobierno de Alfredo del Mazo, sino que su dependencia había absorbido las funciones de la antigua Secretaría de Administración, convertida en subsecretaría e incorporada a la todopoderosa Secretaría de Finanzas.
Desde esa posición de poder presuntamente construyó una red de funcionarios corruptos quienes, según la acusación formal, se dedicaron a vender plazas docentes de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).
El principal acusado manejaba todo lo que ahora administra la Oficialía Mayor; es decir, la nómina de los servidores públicos del Poder Ejecutivo, las compras de bienes y servicios y la renta de inmuebles para oficinas públicas.
Esas funciones fueron pasadas de la Secretaria de Finanzas a otra dependencia de nueva creación, la Oficialía Mayor, que tampoco es igual que la vieja Oficialía Mayor, sino que ahora maneja más recursos presupuestales.
A la nueva Oficialía Mayor le asignaron incluso la presidencia del Consejo de Administración del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), que ocupó en el sexenio de Alfredo del Mazo el secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira; después, en el gobierno de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, Trinidad Franco Arpero; y ahora Mónica Chávez Durán.
El ex subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas, Óscar “N” padece ahora las duras condiciones de la cárcel de Santiaguito, ubicada en el territorio de Almoloya de Juárez, después de vivir con lujos, financiados no sólo con su alto salario y prestaciones, sino también con la venta de centenares de plazas docentes del sistema educativo estatal.
Las investigaciones del caso siguen abiertas y al finalizar se sabrá si es cierto o falso que se “vendieron” plazas con sueldos superiores a los 120 mil pesos mensuales, lo que de responder a la realidad, el principal acusado no estaba en condiciones de asignar y debieron decidirlas en niveles jerárquicos superiores.
De la misma forma deberá esclarecerse si esa comercialización delictiva de plazas de docentes se limitó al sexenio pasado o también se dio en el presente, para lo cual la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dispone de tres meses para cerrar sus indagatorias.
