*La oposición mediática llamó indirectamente a condenar masivamente la detención.
De la redacción
La detención, reclusión y vinculación a proceso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel (1989-1995), fue politizado por la oposición partidista y mediática.
Opositores con cargos de representación popular y periodistas al servicio del poder fáctico mediático emprendieron una campaña para presentar el caso del exmandatario mexicano como producto de una persecución política.
Atribuyen propósitos del gobierno federal de deshacerse por la vía penal de personajes incómodos y en este escenario ubican las acusaciones de evasión fiscal y delincuencia organizada, vinculada con el contrabando de combustibles.
Un conductor de un noticiero matutino de Telefórmula criticó la indiferencia de la población ante este proceso contra el político panista.
De la misma forma fue severo contra la oposición, que “no protesta lo suficiente” ni en todo el territorio nacional por lo que considera persecución política contra una persona honesta y con esfuerzos en favor de la democracia.
Ernest “N” está acusado de encabezar la más extensa y poderosa red de introductores de gasolinas de Estados Unidos a México y de utilizar su principal empresa: INGEMAR, para ese propósito.
La acusación del delito de delincuencia organizada se sustenta en que varias personas -al menos siete- también están vinculadas a proceso y el “modus operandi” consistía en el ingreso de combustible a las aduanas, donde la compañía del exgobernador bajacaliforniano declaraba sólo el 10 por ciento del volumen importado, para evadir el pago de impuesto sobre el 90 por ciento.
Otra modalidad de evasión se daba mediante la declaración de productos distintos a los combustibles. Ese tipo de importaciones cubre impuestos reducidos, por lo que ese arancel se le aplicaba, en perjuicio del erario.
La defensa de Ruffo Appel no aduce inocencia del acusado, sino que el delito de daño patrimonial al fisco no merece reclusión en una cárcel con condiciones inhumanas.
En cambio, la oposición partidista y mediática acusa al gobierno de iniciar una campaña de denuncia de persecución política gubernamental contra sus adversarios, para encarcelarlos y quitarlos de en medio. En el caso de varios periodistas, proceden en la misma línea que tienen desde 2019 de ataques al gobierno federal, y politizaron el caso.
En este sentido llaman a la población a manifestarse en todo el país contra la política persecutora; es decir, incitan a generar problemas y critican la tibieza de la oposición, como fue el caso del periodista de Telefórmula.
