*Habría participado activamente en la obstrucción de las investigaciones.
De la redacción
Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero de 70 años, fue capturado por fuerzas federales, en cumplimiento de una orden judicial, por el presunto delito de obstrucción de la justicia, para entorpecer las investigaciones y evitar el esclarecimiento de la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
La aprehensión tuvo lugar en el Estado de México, como dio a conocer la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos (oriunda de Guerrero). Explicó que la aplicación de un riguroso modelo de investigación aplicado al caso, más declaraciones de testigos, permitieron acreditar que la detención de lo normalistas de Ayotzinapa fue grabada por cámaras de videvigilancia del Palacio Municipal de Iguala, y dichas imágenes y sus registros fueron sacados de las cámaras y entregadas al entonces mandatario guerrerense.
En reunión con altos funcionarios de su gobierno, personalmente, el entonces gobernador Aguirre Rivero -quien ganó el cargo con apoyo del PRD, PT y Convergencia- ordenó destruir esas evidencias, para evitar que se esclarecieran los hechos. Por esa razón lo acusaron del delito de “contra la administración de la justicia”.
Hasta el 2011 Ángel Aguirre fue cuadro del PRI, por el cual fue gobernador sustituto de Rubén Figueroa Alcocer, quien dejó el cargo por la masacre de campesinos perpetrada por fuerzas estatales de seguridad, en un paraje conocido como “Vado de Aguas Blancas”. Fue también senador y dos veces diputado federal por el PRI.
Durante la lucha por la candidatura para gobernador, desarrollada en la segunda mitad del 2010, Aguirre Rivero rompió con el PRI y aceptó la candidatura de la oposición, lo cual le permitió ser gobernador por segunda ocasión, derrotando a su ex partido. El segundo al mando del PRI era en ese tiempo Murillo Karam, y el alejamiento del cargo del mandatario de Guerrero, por la desaparición de los normalistas fue explicado como un ajuste de cuentas del hidalguense.
Aguirre Rivero, en reunión con funcionarios de su gobierno, les pidió destruir las evidencias, para impedir que se esclareciera lo ocurrido y especialmente el destino y paradero de los 43 normalistas. Godoy Ramos destacó que el nuevo modelo de rigurosa investigación de los hechos, y testigos aportaron la información del ocultamiento y deliberada destrucción de las evidencias de la desaparición de los alumnos normalistas.
El ahora detenido, Ángel “N”, era gobernador de esa entidad federativa cuando ocurrió la desaparición, y fue obligado a pedir licencia definitiva para alejarse del cargo en abril del 2015. Es el segundo exgobernador en terminar en prisión por el mismo caso, que sigue sin esclarecerse a cerca de 12 años de que se perpetró.
Antes se detuvo a Jesús Murillo Karam, exgobernador de Hidaldo, quien era titular de la ahora desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), y cerró su investigación sobre este caso que tuvo resonancia internacional. El político hidalguense sostuvo en su momento que la “verdad histórica” era la de que los normalistas habían sido detenidos, asesinados, incinerados en el basurero de Cocula, municipio cercano a Iguala, y sus cenizas arrojadas el Río San Juan, el cual corre por la parte baja del tiradero.
Pruebas periciales demostraron que no es posible convertir cuerpos en cenizas con fuego a cielo abierto, alimentado con leña, como lo declaró oficial y personalmente el entonces titular de la Procuraduría General de la República, por lo cual sigue detenido.
