*Sospechan que el ex fiscal César Octavio Jáuregui Moreno es agente de la CIA.
De la redacción
Hasta mediados de abril de este año el Partido Acción Nacional (PAN) tenía en el estado de Chihuahua a uno de sus principales bastiones políticos y electorales, de cara al proceso para elegir a titular del Ejecutivo estatal en el 2027.
Una profusa y costosa difusión de las actividades de la gobernadora María Eugenia Campos Galván le permitió convertirse en uno de los activos panistas del país, al grado de que sus coreligionarios consideraban viable su candidatura presidencial del 2030, previo desempeño de tareas partidistas.
Todo se desvaneció en abril, cuando entre el 17 y el 19 cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) participaron, armados y con uniformes de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua (PGJCH), en un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino instalado en la Sierra Tarahumara.
De esta forma el panismo de Chihuahua perdió el panorama positivo que tenía en materia política y electoral, para complicársele mucho con el encarcelamiento del fiscal César Octavio Jáuregui Moreno, imputado por haber permitido la participación de los agentes extranjeros en el operativo.
La situación se complicó mucho más porque la CIA no es el organismo estadounidense encargado de combatir las drogas, sino que su misión es -desde su creación en 1947- espiar y desestabilizar gobiernos que no aceptan el papel de peleles de las autoridades de Estados Unidos.
Como “El Espectador” y “La Noticiería” lo informaron en su momento, después de la destrucción del narcolaboratorio dedicado a producir drogas sintéticas, acción ejecutada en el municipio de Morelos, cuando el convoy regresaba a la capital de ese estado fronterizo, una camioneta en la que se transportaban dos de los cuatros agentes de la CIA se desbarrancó, explotó y ocasionó la muerte de sus cuatro ocupantes.
Perdieron la vida un alto mando de la Secretaría de Seguridad de Chihuahua, su escolta y los dos elementos extranjeros. Con todo lo lamentable que fueron estas muertes, lo verdaderamente grave para la causa panista y su gobernadora María Eugenia Campos Galván es que la participación de los de la CIA en el operativo violó la Constitución y la Ley Nacional de Seguridad, para configurarse el delito de traición a la patria.
De esta forma, se evidenció que las autoridades de Chihuahua (el grado de participación y decisión lo determinaran las investigaciones) violaron la máxima norma del país y la legislación que garantiza la seguridad nacional, por lo que el panismo quedó enredado en un escenario electoral totalmente contrario al que tenía todavía el 15 de abril de este año.
