*Ha sido un tema escabroso para la Corte, y polariza la opinión pública.
De la Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso por tercera ocasión la votación sobre el tema de la supresión de la prisión preventiva oficiosa, la cual, a juicio de todos los ministros, viola derechos humanos y constituye un agravio a la presunción de inocencia, al convertirse en una pena anticipada. El ponente, Luis María Aguilar, quien fue el anterior presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura, volvió a solicitar se le permita retirar el proyecto de sentencia para mejorarlo y lograr un acercamiento de las posiciones de los ministros.
La Corte está entrampada en este tema, porque la propuesta de suprimir la prisión preventiva oficiosa atenta contra la división de poderes y de aprobarse significaría la usurpación de facultades del Congreso de la Unión y del Poder Constituyente Permanente, del cual forman parte también las legislaturas locales.
La prisión preventiva oficiosa por delitos graves puede considerarse agraviante de los derechos humanos, pero sólo puede derogarla el Congreso Constituyente, no la SCJN. Ese el obstáculo insalvable en este caso, porque sencillamente no puede suprimirla ese Máximo Órgano de control constitucional, porque no es inconstitucional. Está prevista en el artículo 19 constitucional, y constituye excepciones a la vigencia de los derechos humanos garantizados en el artículo primero constitucional, que prevé estas excepciones.
También se retiró el proyecto que resolvería la presunta inconstitucionalidad del artículo 167 del Código Nacional Penal, que prevé la prisión preventiva oficiosa para los delitos graves y delincuentes peligrosos. Como se hizo ver en la sesión de pleno de ministros, ese artículo reproduce literalmente lo establecido por el artículo 19 constitucional sobre el tema, y no puede declararse anticonstitucional. La ministra Irma Piña Hernández lo retiró. Y sería grave que la SCJN declarara inaplicables estas disposiciones de la Constitución: sería un golpe de Estado judicial, pues lo que debe intentar Luís María Aguilar (que no le preocupó el encarcelamiento de inocentes cuando presidió la Corte) es convencer a senadores y diputados federales y locales a modificar la Constitución.
El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, había adelantado en la anterior sesión que hoy inevitablemente debía someterse a votación ambos proyectos, pero al ser retirados, no había materia qué votar. Convocó a sesión ordinaria para el lunes, pero ya no anunció que se sometería a votación los proyectos.
