*El gobierno mexicano busca recuperar esos recursos en manos de gente cercana al ex funcioario.
De la redacción
El litigio civil del gobierno mexicano contra Genaro García Luna, en un distrito de la Corte, en Florida, Estados Unidos, no será fácil para los intereses del país, porque el poderoso e intocable secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa dispone de una inmensa fortuna para pagar costosos despachos de abogados.
De acuerdo con lo informado por Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el exfuncionario sujeto a juicio penal en Estados Unidos por formar parte y proteger desde sus responsabilidades institucionales al “Cartel de Sinaloa” y al de los “Beltrán Leyva”, tejió una red corrupción, con 8 personas, casi todas familiares suyas, con la finalidad de obtener ingresos y acumular una inmensa fortuna, con un esquema que dificultaba seguir el rastro del dinero.
Esa organización, presuntamente criminal, constituyó empresas en paraísos fiscales, especialmente en Barbado, para triangular los fondos obtenidos en México mediante contratos fraudulentos, que ocasionaron un daño cuantificado hasta ahora en casi 746 millones de dólares, cerca de 15 mil millones de pesos
La naturaleza corrupta e ilegal de los contratos con autoridades federales mexicanas y la complicidad de funcionarios públicos mexicanos, incluyendo de gobiernos estatales con García Luna, llegó a tanto que la anterior administración de la Ciudad de México le pagó una fuerte suma de dinero por un presunto adeudo que nunca existió.
No obstante, el gobierno mexicano podría enfrentar dificultades para acreditar que los contratos formaron parte de una estrategia para saquear fondos públicos, que se enviaban a bancos de paraísos fiscales, a cuentas de las empresas creadas para ese fin, las cuales de inmediato transferían los fondos a bancos de los Estados Unidos.
En realidad, ese mecanismo fue empleado para el saqueo del erario por muchos empresarios traficantes de influencia, amigos de poderosos funcionarios públicos. Vendían bienes (incluyendo medicinas) y servicios a las autoridades federales con excesivos sobreprecios, sin la calidad pactada y cobrada, sin entregar los volúmenes convenidos en los contratos y muchas veces sin entregar nada, ni siquiera existir realmente las empresas, que fueron creadas para ese saqueo.
A pesar de ello, el saqueo se hizo con contratos que aparentemente se ajustaban a la ley, por lo que muy poco de los montos públicos robados han podido ser recuperado. Lograrlo en Estados Unidos, donde vivía García Luna será mucho más complicado.
