*La ministra presidente utiliza la institución con fines políticos
De la redacción
La ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, enfrenta dos graves problemas: el ministro en retiro, Arturo Zaldívar, anunció que presentará al Poder Legislativo Federal una solicitud de juicio político en su contra y una denuncia peal por haber iniciado una persecución política para afectarlo, dañar al presidente y a la propia campaña electoral de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en la cual él participa.
Al mismo tiempo, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, dio a conocer que la SCJN que encabeza Piña Hernández intenta invadir funciones del Poder Legislativo Federal, usurpa sus funciones. Trabaja para declarar sin validez y derogar el artículo 19 constitucional, para suprimir la prisión preventiva oficiosa para detenidos por delitos graves.
De prosperar esta intención, 68 mil presos peligrosos, procesados por asesinos, secuestradores, narcotraficantes, miembros y jefes de la delincuencia organizada, feminicidas, abusadores de niños y procesados por portación de armas y explosivos dejarían las cárceles donde están recluidos, para ser procesados en libertad.
Alcalde Luján solicitó a la ministra presidenta Piña Hernández y a todas y todos los ministros, a no invadir facultades del Poder Legislativo Federal y a no liberar a estos detenidos, porque se sustraerían a la acción de la justicia y reanudarían sus actividades delictivas, además de poner en riesgo a sus víctimas, testigos, agentes del ministerio púbico, jueces y magistrados.
La SCJN aduce que declarará sin validez el artículo constitucional que obliga a jueces a dictar prisión preventiva oficiosa, porque así lo ordenó una resolución de la Corte Internacional de Derechos Humanos, a lo cual la secretaria de Gobernación le recordó que el artículo 9 de la legisalción que norma los tratados internacionales de México establece que el país no reconocerá, ni acatará resoluciones cuyo cumplimiento representaría riesgos para la seguridad del Estado y el orden público, por lo que no debe surpimirse la prisión preventiva oficiosa, como lo intenta Piña Hernández.
Tambiérn le recordó que el Poder Judicial Federal, cuya cúpula es la SCJN, no tiene facultades para anular disposiciones consttucionales, que son exclusivas del Congreso de la Unión y de los Congresos Locales, en conjunto.
Arturo Zaldívar dio a conocer que Piña Hernández violó los procedimientos al difundir en forma masiva en los medios de comunicación el inicio de la averiguación en su contra, pues violentó la secrecía de las investigaciones y la reserva a que por ley estaba obligada la ministra, quien lo sustituyó en la presidencia de la SCJN a partir del primero de enero de este año.
Atentó contra el principio constitucional de inocencia, y hasta el debido proceso, porque hizo pública la denuncia e investigación sobre irregularidades del ministro en retiro. Insistió en que la ministra presidenta inició una embestida brutal en su contra, con fines políticos y electorales, para favorecer a Xóchitl Gálvez y perjudicar a Claudia Sheinbaum.
