*Inestabilidad de titulares de PGJEM-FGJEM: Van 7 en 14 años, y no la han saneado.
De la redacción
(Primera parte)
Seis años en su nueva fase como órgano con autonomía constitucional de nada le sirvieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM): persisten y se agravaron los viejos vicios de corrupción, ineficacia y fortalecimiento de los cotos de poder internos, consolidados desde hace décadas. En este escenario renunció su titular, Alejandro Gómez Sánchez.
Hace 21 años los problemas de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) los expuso claramente el entonces alcalde de Tlalnepantla, el panista Rubén Mendoza Ayala (ya fallecido), al denunciar públicamente, con valentía, la situación de la “representación social de la entidad”:
“Si de verdad se quiere encontrar la raíz de los problemas de las bandas criminales mexiquenses, investiguen al interior de la Procuraduría, para saber quiénes protegen a los grupos delictivos”, recomendó el después candidato a gobernador, derrotado por Enrique Peña Nieto.
No habló al tanteo; al contrario, dio datos. Reveló que sus policías municipales detuvieron en flagrancia a 36 policías judiciales por participar directamente en actividades delictivas o proteger a grupos criminales. Los presentaron a las agencias del ministerio público de la Subprocuraduría Regional de la PGJEM, ubicada precisamente en la cabecera municipal tlalnepantlense.
Denunció públicamente que, de ese grupo de agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México detenidos por elementos policiacos municipales, ni uno sólo fue objeto de sanciones: todos quedaron libres, porque actuaban con respaldo de las altas autoridades de la institución, sostuvo Mendoza Ayala.
Entonces la delincuencia altamente organizada no tenía dominio territorial, ni era prepotente, sanguinaria y abierta, como es ahora. No se atrevía a emboscar y ejecutar a grupos de policías de la Secretaría de Seguridad Pública y de la propia Fiscalía General de Justicia mexiquense; es decir, la situación criminal y la eficacia institucional en la procuración de justicia empeoró entre el tiempo de Gerardo Sánchez Sánchez y el de Alejandro Gómez Sánchez al frente de la institución.
PROBLEMAS GRAVES QUE SUPERAR
En 2016 la Legislatura Local aprobó la iniciativa del gobernador Eruviel Ávila Villegas para darle autonomía constitucional y cambiarle nombre a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y se convirtió en Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
En las siglas solo se cambió la “P” inicial por la “F”, pero la modificación, en teoría, fue profunda. En la práctica ni siquiera presupuestalmente fue autónoma, porque la nómina la sigue controlando el Poder Ejecutivo, como cuando no era autónoma.
Las cuentas de la institución la sigue manejando la Secretaria de Finanzas, igual que si fuera dependiente del gobernador, lo cual criticaron los diputados cuando se efectuó la glosa del anterior informe del mandatario mexiquense. Éste mandó a Gómez Sánchez a comparecer ante la Legislatura, como si fuera su subordinado La inestabilidad en el cargo es otro problema: nombraron 6 procuradores y un Fiscal General en 14 años.
