VIOLAN LOS MEDIOS INFORMATIVOS DERECHO
DE LOS MEXICANOS A ESTAR BIEN INFORMADOS
MAXIMILIANO CASTILLO
La ultraderecha empresarial, por conducto de su poder fáctico mediático, se desgañita hablando de un objetivo autoritario del gobierno morenista, destinado a imponer la censura en los medios informativos impresos, electrónicos y digitales, con su propuesta de la reforma para impedir publicidad denigrante contra México y su población migrante, pagada por gobiernos extranjeros, como ocurrió hace poco en la cadena nacional de Televisa.
Están peleados a muerte con la autocrítica, porque lejos de ser censurados los propietarios de los medios impresos y electrónicos, la mayoría en manos de quienes se enriquecieron con la corrupción de los gobiernos neoliberales, son ellos los que nulifican el derecho constitucional de los mexicanos a estar oportuna, suficiente y bien informados.
Si antes ocultaban la realidad, a partir de diciembre del 2018 se dedicaron a difundir en forma coordinada y abierta todos los días mentiras, en su estrategia destinada a recuperar sus privilegios que tenían con los gobiernos de perfil ideológico derechista y ultraderechista y que perdieron a partir del primero de diciembre de 2018.
Ahora se reclaman como factor importante en el establecimiento de la democracia en México, amenazada por el gobierno “de corte autoritario” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por Morena y la cuarta transformación -según ellos-, sin reflexionar que los sistemas autoritarios no permiten campañas en contra y, menos, de desprestigio basadas en calumnias, como lo hacen aquí a cualquier hora de cualquier día la casi totalidad de los medios y sus periodistas más conocidos.
Un análisis objetivo llega a la conclusión de que los grandes medios informativos no generaron las condiciones para el arribo de la democracia, sino que colaboraron con el antiguo régimen para demorarlas, con una estrategia que no era de adulación sin pudor al poder público, sino de ocultamiento de sus arbitrariedades, corrupción, ineptitud, injusticia social y del carácter plutocrático de quienes tomaban las decisiones sobre el modelo de nación.
En cambio, sostenía campañas de desprestigio contra la oposición, y no sólo contra los movimientos que escogieron la lucha por el poder mediante la violencia, sino también contra los que optaron la vía pacífica, electoral y las urnas para modificar las cosas en favor de las mayorías.
Con este comportamiento, los medios informativos, los cuales ahora hablan de autoritarismo e intentos de censura, aportaron mucho para el mantenimiento del viejo régimen, porque “satanizaron” a los opositores, les formaron mala imagen, para que los dueños de la riqueza del país mantuvieran a su servicio y al servicio de sus intereses a los poderes constituidos.
En estos tiempos, pero más ahora, son los medios, no las instituciones, quienes anulan el derecho constitucional de la población mexicana a estar bien informada, como lo establece el segundo párrafo del artículo sexto constitucional: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”. La difusión coordinada de mentiras viola ese derecho, y agravia el de recibir información plural, porque además falsa, se presenta uniformada en los grandes medios informativos.