*Dobló las manos el gobierno estatal morenista, ante la misma promesa de siempre de mejorar el servicio, como lo hicieron las administraciones priístas.
De la redacción
Después de cerca de medio año de negociaciones, el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Movilidad, autorizó un aumento al pasaje de dos pesos, por lo que el cobro mínimo quedará en 14 pesos, más cobro adicional después de los primeros 5 kilómetros, lo cual se aplicará desde el miércoles de esta semana. El encarecimiento al servicio de pasajero representará un 17 por ciento. Y la exigencia era en el sentido de que se elevara cuatro pesos, para pasar de 12 a 16 pesos.
Odilón López Nava, representante en el Estado de México de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasajero y Turismo (CANAPAT), consideró insuficiente el incremento a las tarifas, porque habían permanecido congeladas durante cinco años. Al mismo tiempo, demando erradicar el “transporte pirata”, abundante en las dos zonas metropolitanas mexiquenses y que representan una competencia desleal a las empresas concesionarias.
Las autoridades estatales argumentaron que el aumento es procedente por el aumento acumulado del precio de los combustibles, refacciones y otros insumos indispensables para la operación del servicio, pero no hablaron de erradicar al transporte “pirata”, fuente de enriquecimiento ilícito de funcionarios corruptos, según dijeron a este medio informativo varios de los transportistas dueños de concesiones.
Como ocurre desde hace al menos hace 60 años en cada aumento al pasaje, las autoridades del transporte fijaron condiciones que deben cumplir este mismo año los transportistas beneficiados con concesiones, como el mejoramiento de la seguridad y calidad del servicio, renovación de unidades que agotaron su vida útil.
Capacitar a los choferes de los vehículos del transporte de pasajeros, obligarlos a obtener licencia de conducir, instalar cámaras de videovigilancia en el interior de los autobuses y microbuses y mantener en buenas condiciones mecánicas y de limpieza a las unidades y respetar el Reglamento de Tránsito.
Son las mismas condiciones impuestas y que no han cumplido las empresas transportistas en las últimas seis décadas, como tampoco las autoridades han cumplido con combatir y terminar con el transporte “pirata” que al decir de los empresarios de la actividad concesionada, representa una mina de oro para los funcionarios corruptos encargados de impedirlo.
