*Las leyes que le dieron vida iniciaron dándole impunidad a los corruptos.
De la redacción
Erradicar la corrupción es una de las demandas más sentidas de la comunidad mexiquense, porque ese cáncer no sólo absorbe fondos presupuestales, sino también es el origen de las obras públicas caras y mal hechas, sostuvo Héctor Guzmán Loredo, economista y estudioso del fenómeno.
Al encarecer artificialmente las obras públicas, adquisiciones y arrendamiento, también reduce las posibilidades de construir y comprar más bienes con el mismo presupuesto, con un impacto negativo en la satisfacción de las demanda ciudadana de solución a sus necesidades colectivas, advirtió.
Desde esta perspectiva -subrayó- llama la atención que en el Estado de México, donde los altos índices de corrupción han caracterizado a sus gobiernos, el Sistema Anticorrupción del Estado, integrado por varias dependencias y órganos autónomos, no haya encontrado daños al patrimonio estatal por corrupción, ni de los municipios, ni de órganos y organismos auxiliares estatales y municipales, abundó Guzmán.
“Sólo una denuncia penal por corrupción está presentada, y no por el Sistema Anticorrupción, sino por un ahora exregidor de Toluca, contra el exalcalde Raymundo Martínez Carbajal”, recordó.
La participación de tantas dependencias, lejos de darle eficacia, entorpece la lucha contra este fenómeno, por lo que no hay ejercicio de la acción penal contra los funcionarios y exfuncionarios corruptos, destacó el entrevistado.
Recordó que desde las leyes mismas que dieron vida el Sistema Anticorrupción se protegió la corrupción, al establecer en las mismas; sobre todo, en el Código Penal del Estado de México, una especie de amnistía para los corruptos, cuyos delitos que no hubiesen sido denunciados antes de junio del 2017. Su vigencia fue para actos de corrupción que se perpetraran a partir de la segunda mitad de ese año.
Todos los delitos de las diversas modalidades de corrupción cometidos hasta mayo de 2017 por gobernadores y sus colaboradores de todos los niveles, alcaldes, diputados, funcionarios de órganos autónomos y organismos auxiliares y que no fueron denunciados, quedaron impunes. Y nadie se escandalizó.
Por eso es infantil esperar que un Sistema Anticorrupción estatal con estos antecedentes pueda y quiera de verdad erradicar ese cáncer. La anterior titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), Miroslava Carrillo denunció que el Sistema no sirve, pero tampoco denunció corrupción del gobierno del Alfredo del Mazo Maza.
Guzmán Loredo consideró necesario terminar con la integración actual del Sistema Anticorrupción. “Que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), la Secretaría que tiene a su cargo combatir el problema, la Fiscalía especializada en investigar y consignar a los corruptos y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TJAEM) cumplan sus obligaciones por separado y que se legisle para que presenten denuncias penales sin pedirle permiso a nadie; que estén obligadas a darle seguimiento a los casos. Necesitamos corruptos presos y la devolución de lo robado, concluyó.
