*Grupos criminales despojaban viviendas, extorsionaban y robaban agua: nadie los perseguía.
De la redacción
El Estado de México vivió fuera del estado de derecho hasta abril de este año. Las autoridades federales decidieron actuar en apoyo de las estatales para combatir el despojo de viviendas, las extorsiones, el robo de agua a gran escala y el control y encarecimiento del comercio, cometidos a la vista de todos por grupos criminales disfrazados de organizaciones sociales.
Los dirigentes de esas agrupaciones delictivas convivían con las autoridades municipales y tenían vínculos con las estatales, como se vio con las denuncias penales contra jueces del fuero común y notarios.
El problema de la inseguridad y los delitos graves perpetrados por la delincuencia organizada era tan grande, que fue necesaria la participación decidida y decisiva en el combate al fenómeno de las corporaciones federales de Seguridad.
Ahora, en los operativos contra el crimen organizado, intervienen elementos de las fuerzas federales de seguridad, secretarías de la Defensa Nacional (DEFENSA), de Marina (Marina), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Guardia Nacional (GN) y de fuerzas estatales de seguridad como la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM).
Los jefes de los grupos directivos actuaban a la luz del día y se reunían con autoridades municipales, además de participar en las campañas electorales de políticos, como ocurrió en Ecatepec, según lo documentaron periodistas.
Esta convivencia e impunidad terminó en los primer días de abril, cuando una señora de la tercera edad, de nombre Carlota “N”, ejecutó a tiros a dos maleantes que se había apoderado de su vivienda, en Chalco.
Generó un escándalo nacional e internacional, lo cual llamó la atención de las autoridades federales y decidieron resolver los problemas de inseguridad que generaba la delincuencia organizada en el territorio mexiquense.
Los despojos de viviendas y terrenos, inclusive propiedad de las autoridades municipales se perpetraban a la luz del día, a la vista de todos, incluidos los policías y agentes del ministerio público, mientras dirigentes criminales publicaban en sus redes fotografías con alcaldesas y alcaldes.
EL ROBO DE AGUA
También a la vista de las autoridades circulaban centenares de pipas cargadas de agua extraída de pozos clandestinos o de tomas ilegales de la tubería de conducción del líquido, sin que ninguna autoridad lo impidiera.
El 24 de octubre comenzó la estrategia para frenar este delito, cometido por las mismas organizaciones que invadían viviendas y lotes, y que extorsionaban a transportistas y comerciantes.
En esa fecha fuerzas federales y estales catearon 189 inmuebles, incautaron 323 pipas y 37 vehículos de otros tipos en 48 municipios, pero capturaron sólo a siete presuntos delincuentes, muy pocos para tantos cateos y municipios donde vive la mayoría de los mexiquenses.
