*Se fiscalizará la partida destinada al pago de impuesto sobre nómina.
De la redacción
El gasto del Poder Ejecutivo en publicidad, ejercido por la Coordinación General de Comunicación Social, con absoluta discrecionalidad durante los dos últimos sexenios estatales, no fue objeto de auditorías por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
Otras áreas o fondos tampoco fueron auditados o revisados desde 2015. Esos son los casos del Fondo General de Previsiones Salariales y económicas, de donde se pagan los incrementos de salarios y prestaciones; y del Fondo General para el Pago de Impuestos sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
El organismo fiscalizador, dependiente del Poder Legislativo del Estado, dio a conocer hace tiempo que muchas áreas serían auditadas y fiscalizadas a fondo, comenzado por las mencionadas, pero su titular terminó su período sin dar a conocer qué encontró en esas revisiones, si es que se hicieron.
En ocasiones, los gobiernos estatales descuentan a sus trabajadores el Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero no lo entregan al fisco. Y ahora no hay claridad si la anterior administración, que encabezó el gobernador Alfredo del Mazo Maza, cubrió a tiempo las contribuciones del personal a su servicio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Se sabe que no pagaba a tiempo las cuotas de los servidores públicos para el ISSEMYM, lo cual da fundamento para inferir que lo mismo hacía con las cuotas que como empleador debía cubrir al organismo federal.
Para el ISSEMYM aportan igualmente los empleados de los poderes Legislativo y Judicial, de los ayuntamientos, de los órganos autónomos y auxiliares, pero casi todos se quedan con lo que descuentan y con sus cuotas de empleadores, previstas en los presupuestos, por lo cual hasta hace poco acumulaba un fuerte adeudo.
Durante seis años tampoco se habían revisado los gastos de las instituciones de Salud, Obra Pública, del Trabajo, Justicia y Derechos Humanos; ni la Procuraduría del Colono del Estado de México.
El OSFEM anticipó que se auditaría el 45 por ciento del presupuesto ejercido por el gobierno estatal; y el 31 por ciento, del aplicado por entidades municipales, pero no se sabe si se concretó ese plan y menos, sus resultados.
En las revisiones a la cuenta pública de 2017 las irregularidades financieras detectadas y documentadas no se investigaron, además las auditorías efectuadas fueron poco profesionales. Los órganos de control interno no entregaron la información solicitada, porque no sabían cómo acopiarla, y no se les sancionó por ello; al contrario, se tomó esa incapacidad como justificante para no auditar.
Los programas sociales también iban a ser fiscalizados con rigor, mediante auditorías financieras y de desempeño, y lo mismo las secretarías de Seguridad, de Desarrollo Social, de Desarrollo Urbano y Obra Pública, de Movilidad, del Campo, de la Mujer, y la de Cultura y Turismo, pero años después se ignoran los resultados.
