NECESITA MÉXICO MEDIOS INFORMATIVO SERIOS,
QUE NO BUSQUEN EXCLUSIVAMENTE PRIVILEGIOS
MAXIMILIANO CASTILLO R.
La población mexicana padece la peor etapa en materia de medios de comunicación tradicionales, los cuales en su afán de recuperar los privilegios obtenidos en los primeros 18 años del siglo y que les permitieron acumular fortunas como nunca habían siquiera soñado, están ahora dedicados a desinformar, mentir, calumniar e insultar, anulando el derecho constitucional de la sociedad a estar oportuna, suficiente y verazmente informada.
La antes denominada “gran prensa” (diarios, noticieros de televisión y radio), siempre fue beneficiaria y formó de facto parte del viejo régimen, pero sus beneficios del siglo pasado, aun cuando eran cuantiosos, son insignificantes comparados con los recibidos durante los tres primeros sexenios de este siglo: los de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, cuando el primero les permitió convertir las empresas mediáticas en proveedoras del gobierno en rubros que ni siquiera sabían que existían.
Ya representaba un problema de conflicto de interés que los propietarios de los medios informativos fueran al mismo tiempo beneficiados con contratos de proveedores, pero el problema fue mayor y más grave, porque lo hicieron en condiciones ventajosas, de “agandalle”, puesto que no competían en calidad y precio con otros proveedores.
Tampoco quedaban obligados a atenerse a los precios que regían en el mercado e cada caso, ni a entregar completos y con la calidad cobrada los bienes y servicios y, mucho menos, las obras públicas que les adjudicaban en forma directa o en licitaciones amañadas, producto de un claro tráfico de influencia, de la que es prueba ilustrativa los penales que los dueños de “Excélsior” e “Imagen Noticia” rentaban al gobierno federal.
Los contratos leoninos, productos del tráfico de influencia y abuso del presupuesto federal, fijaron precios de más de 6 mil pesos diarios por persona privada de su libertad (así les dicen ahora a los presuntos delincuentes presos); es decir, 180 mil pesos al mes, como si se tratara de un hotel de varias estrellas en los destinos turísticos.
Esa exageración no era todo, sino que -adicionalmente- los contratos establecían el número de internos de cada reclusorio alquilado, por lo que si se determinaba el monto de mil, cobraban seis millones de pesos, aunque la población carcelaria fuera de 700 recluidos o menos, en un verdadero atraco al presupuesto federal, consentido por las autoridades.
Todo ese daño al erario terminó cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia, y ocasionó que los dueños de los medios informativos se convirtieran en detractores del nuevo régimen y abandonaran su responsabilidad de informar con veracidad y analizar los acontecimientos con profesionalismo. En su lugar comenzaron a mentir, calumniar, difamar, desinformar e ingenuamente intentar alterar la realidad y buscar desestabilizar al gobierno y dividir con insidias al partido gobernante.
Por intentar recuperar sus privilegios, sin entender que perdieron la credibilidad e influencia que tuvieron, con las cuales podían chantajear al poder público y sin ella no impactan a la sociedad, los medios informativos ya no son útiles socialmente y violan el derecho constitucional de los mexicanos a estar bien informados. Y no recuperarán los ríos de dinero que recibían hasta el 2018.
