*No aprovechó la ocasión para informar al menos si eran o no alumnos de UAEMéx.
De la redacción
Tres meses después de los hechos violentos ocurridos en la manifestación con que se recordó en Toluca la masacre del 2 de octubre de 1968, cuando fueron detenidos 5 participantes que recurrieron a la violencia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantiene el silencio sobre la pertenencia de ese grupo.
Mal servicio le hizo a la sociedad la institución, porque desaprovechó la oportunidad de dar a conocer al menos si los detenidos por perpetrar delitos, eran alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México o no.
No se trataba de identificarlos y dar a conocer sus nombres, apellidos y domicilios, por aquello de los datos privados, pero sí estaba en condiciones de aclarar si pertenecían a la comunidad universitaria, o se trató de gente ajena. No dejó en claro.
Tampoco explicó por qué los dejó en libertad, cuando fueron detenidos en flagrancia por policías municipales, después de incurrir en actos violentos, de provocación, con agresiones a policías desarmados, que les impidieron llegar a la Plaza de los Mártires.
En su enfrentamiento con los uniformados, incluyendo policías mujeres, los detenidos ocasionaron lesiones, utilizaron explosivo, cuya posesión es delito federal, y por si fuera poco, incendiaron un vehículo del parte de patrullas del ayuntamiento de Toluca, lo que también es delito grave.
No obstante, la FGJEM los liberó sin tomar en cuenta los delitos, pero tampoco dio a conocer si de verdad eran estudiantes o provocadores al servicio de intereses oscuros. No le costaba nada a la institución dar a conocer esta situación, sin que diera nombres y otros datos personales.
Esa actuación de la representación social, adicionalmente, robusteció la sospecha de que los jóvenes provocadores y violentos tenían vínculos con autoridades, lo que se hubiera aclarado con sólo dar a conocer si eran o no universitarios.
Más de dos meses después de lo ocurrido, y superado el problema del grupo estudiantil minoritario que ocupó espacios académicos e impidió por meses las actividades académicas y administrativas, la FGJEM sigue sin cumplir con su obligación de informar de un tema que interesa a la sociedad, en un mal servicio al gobierno estatal y a la Máxima Casa de Estudios mexiquense.
