*Los transportistas pueden vender las concesiones o no renovarlas al vencerse.
De la redacción
Como ocurría en las más de 540 mil concesiones para la explotación de agua nacionales para destinarlas al riego de cultivos (eran menos de 3 mil antes de Carlos Salinas de Gortari), donde el Estado renunció a sus facultades de ordenamiento y regulación, así pasa en otras actividades.
El caso más parecido es el de las concesiones para el transporte de carga, tanto de alcance estatal, como federal, donde también las autoridades dejaron de intervenir en el control y administración de estas autorizaciones.
Como resultado, las concesiones de agua se otorgaron sin verificar si el beneficiado disponía o carecía de tierras de cultivo para utilizar los volúmenes de agua concesionada, ni si se aprovechaban estos permisos, y todo se hacía ante la indiferencia del Estado, que consentía la usurpación de funciones.
Las aguas nacionales concesionadas para producir alimentos de origen rural se desviaban hacía uso industrial, fabril, de servicios o para venderlas a autoridades municipales, igualmente desinteresadas en saber si era legal o no lo que hacían.
Los concesionarios vivales dejaron de cubrir derechos por el agua vendida por 44 mil millones de pesos en 2023 -era lo mismo cada año- porque los beneficiarios de agua para uso agrícola no pagan derecho. Pero esa misma excusa aplicaban también quienes la desviaban para venderla. Se decían concesionarios de agua para riego.
En el transporte público de carga y de pasajeros, los concesionarios transfieren las autorizaciones a otros mediante fuertes sumas, lo cual legalmente no pueden hacer, porque esos permisos no son de ellos, y si no los utilizan, deben regresarlos a las autoridades.
Sin embargo y en la práctica, ilegalmente venden las concesiones como si se tratara de un bien propio, y ni siquiera se toman la molestia de informar de ello a las autoridades que expiden esas autorizaciones, lo cual contribuye a la irregularidad.
Venden sus unidades con todo y la concesión, o no las renuevan y las siguen trabajando, con lo que en la práctica prestan el servicio en condiciones irregulares, sin contar las decenas de miles de casos en que desde hace décadas se dedican a la prestación del servicio sin haber obtenido el permiso oficial para ello.
Lo hacen en condiciones de “tolerados”, como se conoce a quienes trabajan sin concesiones, protegidos por altos funcionarios estatales y federales corruptos, que tienen en ellos una “mina de oro”, en una situación muy parecida a lo que pasaba en el universo de las concesiones para explotar aguas nacionales para riego de cultivos.
