*Las “aviadurías” de 120 mil pesos mensuales las autorizaban los mandatarios.
De la redacción
“Si de verdad quieren hacer justicia y castigar a quienes otorgaban ‘aviadurías’ de sueldos superiores a 120 mil pesos mensuales, deben investigar a los exgobernadores Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo, porque sólo ellos tenían poder para autorizarlas”, propuso un abogado de exempleados presos.
Familiares de empleados públicos estatales sin jerarquía, encarcelados por actos de la red de corrupción que vendía plazas de maestros, demandaron su libertad, porque sólo eran capturistas que elaboraban los nombramientos que les ordenaban y no sabían que se trataba de venta de puestos de trabajo en el Poder Ejecutivo estatal.
El litigante entrevistado, quien pidió omitir su nombre, pero se identificó plenamente con “El Espectador” y “La Noticiería”, destacó un alto porcentaje de quienes obtuvieron plazas de docentes no trabajaba, pues eran verdaderos “aviadores”.
“El problema fue más grave de los que se piensa, porque los beneficiados cobraban sueldos, aguinaldos, vacaciones, primas vacacionales sin laborar. En cambio, quienes ocupan plazas compradas, pueden estar mal, pero las trabajan y desquitan lo que ganan”, dijo.
Y la venta de plazas de maestros, se manjeó de igual manera con “aviadores” y “aviadoras” asignadas(os) a las secretarías de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), de Seguridad del Estado de México, de la Secretaría de Finanzas y de la Oficialía Mayor, ya en el actual sexenio.
Enormes fondos presupuestales se han destinado a pagar a quienes ocupaban estas “aviadurías” y, recordó, “durante el sexenio de Eruviel Ávila Villegas, ahora cuadro del PVEM, en el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) tenían una nómina de 6 mil personas que cobraban sin trabajar, lo cual fue denunciado, pero jamás se investigó, ni se investiga”.
Expresó su respaldo a la lucha contra la corrupción, pero sin “chivos expiatorios”, como sus defendidos, y reveló que tiene conocimiento de que en un alto porcentaje de los casos se falsificaron las firmas de quienes elaboraban los nombramientos, pero lo importante es saber que ese personal no decidía el destino de las plazas.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer hace unos días que ejerció acción penal en contra de 33 exservidores públicos, entre los cuales figuran dos subsecretarios, dos directores generales, dos exdelegados administrativos, un excoordinador general de delegaciones, dos directores de área y cinco exsubdirectores.
El abogado postulante insistió en que las autoridades penales no pueden castigar a quienes se dedicaban a capturar documentos y elaborar nombramientos, porque no sabían, ni tenían por qué saber si existían o no las vacantes involucradas en los trámites, y son víctimas de injusticia, por ello reiteró que se investigue a los dos exmandatarios estatales y se libere a los inocentes.
