*El servicio de pasajero ilegal es desde hace años “mina de oro” de corruptos.
De la redacción
La prestación ilegal del servicio de transporte público de pasajeros representa desde hace décadas una “mina de oro” para funcionarios corruptos del Estado de México, quienes han extorsionado hasta a transportistas concesionados.
Uno de ellos, en un corto tiempo pudo adquirir las propiedades inmuebles de un exgobernante estatal, quien las acumuló en más de 30 años como funcionario público en altos puestos, incluyendo cargo de gabinete presidencial, según análisis de “El Espectador” y “ La Noticiería”.
Ese funcionario manejó el transporte, y no avanzó en la regularización de la actividad, precisamente, porque el segmento irregular del parque vehicular destinado a la transportación de pasajeros representa ríos de dinero para funcionarios corruptos mexiquenses y para su red de apoyo, que incluye a políticos retirados y en activo.
No obstante, el caso mencionado es sólo un ejemplo ilustrador de por qué en estos momentos de las 300 mil unidades automotoras que transportan a unas y unos diez millones de mexiquenses todos los días, 130 mil -casi la mitad- no tienen concesiones.
También es sólo cuestión de reflexionar acerca de si hay extorsión de funcionarios al transporte regular, como lo denuncian los dirigentes transportistas, ya es de maginar lo que está ocurriendo con esos 130 mil vehículos que operan en la ilegalidad.
Ese número de unidades carentes de autorización para transportar personas circula a la vista de todos día y noche por las mismas vialidades y calles que utiliza el transporte concesionado, sólo porque las autoridades lo permiten.
Y no es irresponsable sospechar que se les tolera porque pagan cuotas mensuales, semanales o diarias a funcionarios y políticos corruptos. Para dimensionar el fenómeno, sólo es cuestión de hacer cálculos sobre cuánto debe pagar mensualmente cada vehículo sin concesión, para que se le permita prestar el servicio.
Así, con una “cuota” mensual de $100 pesos, o poco más de tres pesos diarios (exageradamente baja para fines de ejemplo), estaríamos hablando de un monto de trece millones de pesos mensuales por las 130 mil unidades, o de 156 millones anuales, pero con un cero más -en nuestro ejemplo- la cifra sube a mil 560 millones de pesos cada año, una cantidad considerable.
Cuando era diputado local y presidente de la Comisión del Transportes, Nazario Gutiérrez Martínez, abogó para que no se sancionara al transporte irregular y que, en vez, se le regularizara. También asistió a una reunión con uno de los dirigentes del transporte irregular.
Sin embargo, el problema continúa, como seguramente continua el cobro de “cuotas” al transporte ilegal de pasajeros en el actual gobierno, porque sólo con mucha ingenuidad puede creerse que si por décadas los funcionarios priistas se enriquecieron con estos cobros ilegales, ahora se le permite operar irregularmente a 130 mil unidades, sin extorsionar a sus propietarios ni regularizar las unidades.
