*Ese partido recibió del IEEM más de 78 mdp en 2025, y no pagó renta de su sede.
De la redacción
El intenso y extenso debate sobre la primera iniciativa de reforma electoral federal, más acalorado entre Morena y sus aliados, tuvo como causas dos aspectos: el monto de las prerrogativas y la desaparición de diputados y senadores de representación proporcional, como los conocemos en la actualidad.
De la misma forma, ponía énfasis en la propuesta de disminución de las prerrogativas; es decir, del subsidio del gobierno federal a los partidos, que se reparte ahora en un 30 por ciento en forma paritaria y el restante 70 por ciento, distribuido de acuerdo con los porcentajes de votos obtenidos por las organizaciones políticas de la votación total global del proceso comicial previo.
Las cúpulas de los partidos desvían las prerrogativas; sobre todo, cuando no hay procesos electorales, a destinos que sólo los líderes conocen, pero la población cree es para enriquecerse, porque no hay dirigentes políticos pobres, ni siquiera los había cuando la izquierda era opositora.
El Instituto Nacional Electoral (INE), responsable ahora de revisar el gasto de las organizaciones políticas en las entidades federativas, ha fallado en sus responsabilidades. El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), entrega las prerrogativas, pero ignora cómo y en qué las gastan los dirigentes.
Eso lo evidenció lo ocurrido al interior del Partido del Trabajo (PT) en suelo mexiquense. Un problema doméstico en esa organización política, parte de la alianza electoral que encabeza Morena, permitió conocer el mal manejo del dinero público que recibió el año pasado.
Fue desalojado de su sede estatal, ubicada en el corazón de la capital del Estado, porque no pagó la renta al propietario del inmueble; es decir, en un año en que no hubo gastos en campaña, ni se conocieron tareas de reclutamiento de militantes, la dirigencia se gastó 78 millones de pesos de prerrogativas, y no apartó ni para cubrir el alquiler de su local.
El año pasado el Partido del Trabajo, quien, por cierto, no tiene militantes asalariados y se atiene a los sufragios que le reporta su alianza con el partido en el poder, recibió cerca de 80 millones de pesos de prerrogativas, pero los gastó en otros rubros, menos en sus actividades permanentes. Pagar renta debió ser prioritario.
Eso habla de que es indispensable mejorar la fiscalización, a fin de que los fondos públicos, que con el eufemismo de “prerrogativas”, son destinadas a los partidos, se utilicen para fortalecer la democracia. El PT jamás ha rendido cuentas claras a la sociedad, que como partido sedicente de izquierda, debería hacer, aunque la ley no lo obligara. Ahora debe dar a conocer al menos por qué sus dirigentes se gastaron hasta el alquiler de su sede. Fue desalojado y sus muebles sacados a la calle.
