COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
MEDIOS INFORMATIVOS ESTADOUNIDENSES SOSTIENEN QUE
ERAN AGENTES DE LA CIA LOS DOS MUERTOS EN CHIHUAHUA
En una delicada situación se colocó la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al descubrirse que con elementos policiacos de la Fiscalía General de Justicia de su Estado operaban agentes extranjeros en operativos contra narcotraficantes, lo cual está prohibido expresamente por la Constitución Mexicana y la Ley Federal de Seguridad Nacional. Hasta estas horas la mandataria de esa entidad ha guardado absoluto silencio sobre este caso, ocurrido la madrugada del último sábado.
Como en este espacio informativo digital se difundió, un convoy de fuerzas de seguridad regresaba de un operativo en la zona serrana de Chihuahua la madrugada del sábado, allí habían desmantelado dos laboratorios clandestinos donde se elaboraban drogas sintéticas. Una camioneta que iba adelante derrapó y cayó a una barranca. Fue dando tumbos y estalló, por lo que murieron sus cuatro ocupantes. Dos de ellos, informó en su momento el fiscal general de justicia de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno.
Dio a conocer que los dos extranjeros eran agentes de Estados Unidos, asignados a la embajada de ese país en el nuestro y que entrenaban a policías estatales en el manejo de drones, mediante un acuerdo. Pero no dijo que esos acuerdos con un gobierno extranjero no los pueden firmar los gobiernos estatales y mucho menos las fiscalías estatales, porque lo tiene prohibido la propia Constitución Federal y la Ley Federal de Seguridad.
El funcionario aseveró que los agentes no participaron en el operativo contra los laboratorios donde que elaboraba drogas y explicó su presencia y muerte en el accidente, con el argumento de que el convoy le daba un “aventón” al Aeropuerto de Chihuahua, donde abordarían un avión, presumiblemente con destino a Ciudad de México. Su información fue confusa y poco convincente, y más cuando dijo desconocer a qué agencia estadounidense pertenecían ambas víctimas extranjeras del accidente.
Fue hasta ayer cuando diarios informativos de Estados difundieron que los dos agentes pertenecían a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la tenebrosa organización de espionaje, encargada de intervenir en asuntos internos de otros países, especialmente en trabajo de desestabilización de gobiernos que que no se pliegan a las políticas de Estados Unidos, como preparación para golpes militares que han derivado en dictaduras sanguinarias.
Es creíble lo publicado por la prensa estadounidense, porque no se hubieran atrevido a difundir algo falso, fácilmente desmentido, y con ello complicaron más la situación del gobierno de Chihuahua, porque también sostuvieron los estadounidenses que los agentes de la CIA participaron en el operativo; es decir, violaron la Constitución y la legislación secundaria aplicable, pero a pedido o con el consentimiento de la gobernadora y del fiscal de Chihuahua.
Dicho caso será investigado, por lo que el fiscal y mandataria enfrentarán un problema de violación a la Máxima Norma del país, al hacer lo que tienen expresamente prohibido y que podría ser tipificado como traición a la patria, lo cual explicaría el silencio que guarda la gobernadora, pues no se le ve una salida fácil, al menos que opte por el menor de los males: sostener que el fiscal no le informó, para que éste, que de todos modos puede perder el cargo, se eche la culpa para evitarle problemas a la titular del Poder Ejecutivo de ese estado. En este escenario habría que ver los testimonios documentales del acuerdo, si no los hacen perdidizos.
La prohibición a agentes extranjeros a participar en operativos policiacos y de fuerzas federales en suelo mexicano es aplicable a todas las agencias de todo el mundo, pero son las estadounidenses quienes tienen mayor presencia en México. Durante el sexenio de Felipe Calderón agentes de la DEA dirigían inclusive operaciones contra el narcotráfico, lo que se redujo en la administración de Enrique Peña Nieto, y quedó absolutamente prohibido en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
