*Ni el TSJ, ni la Cámara ni el Sistema Anticorrupción se preocuparon por el caso.
De la redacción
Cerca de dos meses después de la denuncia pública de presuntos actos de corrupción de un magistrado del Poder Judicial Mexiquense y de un diputado local, presentada ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no hay información de que se investiguen los graves y delicados señalamientos, que los involucran, y al DIFEM.
De acuerdo con lo que ha trascendido, el magistrado en cuestión es Rubén Maximiliano Alexander Rábago, un cuadro panista, nacido en la Ciudad de México, pero con larga carrera política en suelo mexiquense, por donde ha sido diputado local y federal, además de candidato a alcalde de Ecatepec e integrante de la dirigencia estatal del partido blanquiazul.
Del diputado local involucrado presuntamente en actividades de “coyotaje” con el magistrado -en un caso de tráfico de influencia para asignar contratos de compras del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM), a cambio de “mordidas”- no se ha difundido su nombre, lo cual tiene inquietos a legisladores, porque la sospecha recae sobre los cerca de 40 representantes populares locales.
No obstante, llama la atención y preocupa la indiferencia total del presidente del Poder Judicial mexiquense, Héctor Macedo García y de la directiva del Congreso Local ante la denuncia hecha pública en Palacio Nacional, nada menos que ante la jefa del Estado Mexicano, Claudia Sheinbaum Pardo y difundida a nivel nacional.
Ni siquiera para anunciar que se investiga o se investigarán los casos de corrupción que dañen la imagen del Poder Judicial, responsable de la impartición de justicia y castigo a los delitos que se perpetran en el Estado. Tampoco se ha negado la veracidad de la denuncia, y el mismo silencio guarda el Poder Legislativo, que se encarga de expedir y reformar leyes, como si no fuera grave lo denunciado.
Del Sistema Anticorrupción estatal poco puede esperarse mucho, porque hasta uno de sus integrantes de mayor peso, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TJAEM), fue víctima de actos de corrupción.
Hace unas semanas el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, dijo ignorar la denuncia presentada ante la mandataria Sheinbaum Pardo y que involucró a uno de sus pares.
En lugar de mostrar interés y preocupación por lo expuesto en Palacio Nacional, se mostró irritado por la pregunta y ni siquiera por formulismo fue capaz de anunciar que indagaría la situación. Su comportamiento fue de molestia, pero no por la corrupción denunciada, sino por preguntarle su opinión sobre un problema que debería interesarle y preocuparle más a las instituciones, antes que a nadie.
Y en el caso del Poder Judicial mexiquense se conoce la identidad del denunciado públicamente, tenga base o no el señalamiento, por lo que el resto de los magistrados no se sienten aludidos, ni víctimas de sospechas, como sí, le ocurre a los representantes populares locales.
Los legisladores que representan casi la mitad de la Legislatura, se preocupan con razón, pues no está identificado el presunto corrupto, lo cual resulta lesivo para su imagen; sobre todo, de cara a lo que vendrá en el 2027. Las diputadas no tienen problemas, porque el señalamiento es de un diputado.
