*En una de sus muchas contradicciones ultraderecha y derecha fijan posición.
De la redacción
En su mar de contradicciones que las caracteriza, la ultraderecha y derecha partidista, legislativa y mediática fijan una posición encontrada sobre la prisión preventiva oficiosa o justificada. Rechazan su aplicación en la lucha contra la delincuencia organizada. La consideran violatoria de la Constitución y leyes secundarias derivadas de la misma, y la critican en cualquier circunstancia.
No obstante, están a favor de aplicar la prisión provisional con fines de extradición; es decir, respalda una versión de la prisión preventiva justificada, siempre y cuando la demande un gobierno extranjero.
En estos momentos sostienen una campaña en favor de la prisión provisional para los demandados en extradición por Estados Unidos, entre los cuales destaca el ahora gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.
En la lista de solicitados en extradición por la justicia estadounidense figuran también el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien pidió y obtuvo igualmente una corta licencia del cabildo para alejarse del cargo, y el senador sinaloense Enrique Inzunza Cázares, quien sigue en su cargo, y siete personas más.
La prisión preventiva justificada se aplica cuando el ministerio público acredita que un detenido puede huir y evadir la justicia si lo dejan libre con alguna medida cautelar, ya sea por sus relaciones políticas y económicas o por pertenecer a la delincuencia organizada, que pueden facilitarle la fuga.
No obstante, la ultraderecha y la derecha mexicanas consideran esta figura de la legislación penal, fundada en disposiciones constitucionales, una abierta violación al principio de presunción de inocencia.
Pero en estos días la derecha respalda la aplicación de la detención provisional, con fines de extradición, que tiene la agravante adicional de no hacer distingo de si el detenido puede o no evadirse de la justicia.
Esas posiciones ideológicas no se refieren ahora al principio constitucional de presunción de inocencia, lo cual constituye otra contradicción más de la ultraderecha y derecha partidista, legislativa, opositora y mediática.
Lo que buscan en dañar a Morena, que tiene más de 12 millones de afiliados, de los cuales los solicitados en extradición representan un grupo de diez personas, todos del sexo masculino.
Pero esta solicitud de extradición se diferencia de otras que ocurren en muchos países y que se refieren a prófugos de la justicia de la nación que presenta la solicitud, por delitos cometidos en su territorio. En este caso, los presuntos ilícitos, reales o falsos, presuntamente se perpetraron en el territorio mexicano.
