*Antonio Jaymes era administrador y financiero del organismo saqueado por décadas.
De la redacción
La salida de Ignacio Salgado de la dirección general de Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) fue interpretada como una decisión de alto nivel, destinada a erradicar las diversas formas de corrupción que padece el organismo.
Por eso sorprendió que su relevo fuera quien, precisamente, en su condición de director general de Administración y Finanzas, Antonio Jaymes Núñez, se encargaba de liberar los pagos de medicinas, de obras y otros servicios con sobreprecios.
“Es que recibía instrucciones de ‘arriba’ para pagar todo eso”, comentó al “Espectador” un bien informado en temas de ejercicio del gasto público; es decir, el problema de los daños al patrimonio del Instituto seguirá, porque siguen los intereses que los ocasionan.
El ISSEMYM es la institución de seguridad social más grande del país, y atiende a cerca de 850 mil mexiquenses, entre trabajadores activos, jubilados y sus dependientes.
La institución tiene problemas de sobrevivencia, porque durante décadas ha sido víctima de saqueo en diversas modalidades, especialmente por los contratos para adquisición de medicamentos, contratos de obras y pago por otros servicios, cubiertos con excesivos sobreprecios, la forma más socorrida de la corrupción.
El nuevo director general del organismo se encargó de pagar compras y contratos con excesivos sobreprecios, como lo detecta cada año el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), de acuerdo con las cuentas públicas anuales del instituto.
Otras irregularidades son los contratos asignados sin licitación, las obras pagadas y no construidas o dejadas inconclusas, en detrimento del patrimonio del organismo, lo cual no ha cambiado en los dos años y 8 meses del nuevo sexenio.
Con estos antecedentes, sorprendió que quien pagaba medicamentos con sobreprecios fuera a encargarse ahora directamente de la conducción general del ISSEMYM.
Jaymes Núñez fue designado director general del Instituto en una serie de siete designaciones, entre las cuales destacó también la de Alma Juárez Bautista como titular del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, que sanciona las relaciones laborales de los servidores públicos mexiquenses con los poderes estatales, ayuntamientos, órganos autónomos y organismos auxiliares.
