COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
DIFERENCIAS ENTRE MARU CAMPOS Y RUBÉN ROCHA
QUE LA EXTREMA DERECHA NO QUIERE PERCIBIR
El gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, es requerido en extradición por la justicia estadounidense por acusaciones graves relacionadas con narcotráficos y presuntos vínculos con el “Cartel de Sinaloa”; es decir, por delitos que habrá cometido en el territorio nacional, no en el del vecino país del norte.
Dos de sus coacusados y cercanos colaboradores, el general de división retirado y exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez; y el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, le ahorraron a Estados Unidos el trámite de la extradición y decidieron ingresar a territorio de esa nación y entregarse.
El trámite de entrega continúa, aunque está en una fase de pausa, porque las autoridades requirentes no han presentado las pruebas para acreditar la existencia de los delitos y la presunta responsabilidad de los solicitados en extradición, con el mandatario con licencia, Rubén Rocha Moya a la cabeza.
La entrega de ambos redujo a 8 el número de mexicanos reclamados por la justicia estadounidense, y no debe descartarse que merme más, por la posibilidad de que otros sigan los pasos de Mérida Sánchez y Díaz Vega: buscar un acuerdo para que, a cambio de información sobre los acusados por Estados Unidos, les reduzcan la pena o los dejen en libertad.
Esta situación fue aprovechada por la ultraderecha mexicana y el poder fáctico mediático para equiparar el caso de Rocha Moya con la de María Eugenia Campos, gobernadora panista de Chihuahua, incluida en las investigaciones por la participación de cuatro agentes de la CIA en un operativo con policías estatales y el Ejército para desmantelar un laboratorio en donde se producían metanfetaminas, ubicado en la sierra de ese estado fronterizo. Dos de esos espías murieron en un accidente, pues la camioneta que los transportaba se desbarrancó.
Con los extranjeros murió un mando policiaco de Chihuahua y uno de sus escoltas, pero de los otros dos nada se sabe, aunque probablemente hayan regresado a Estados Unidos porque incurrieron en delitos graves al participar en acciones que les estaban prohibidas. En el caso de los dos fallecidos, uno ingresó a territorio mexicano como turista y el otro, con credencial de diplomático.
Las acciones de esos agentes de la CIA violaron la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional por partida doble: primero, porque no pueden participar directamente en operativos de combate a narcotraficantes, aun cuando puedan colaborar con información de inteligencia; y segundo, una autoridad estatal no está facultada para firmar convenios de colaboración con agencias de espionaje extranjeras.
Por si fuera poco, la CIA se caracteriza por dedicarse a desestabilizar gobiernos cometer actos de sabotaje y apoyar a opositores de gobiernos progresistas, además de patrocinar golpes militares e instauración de dictaduras sangrientas. De violar la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional acusan a María Eugenia campos, por lo que su caso es diferente al de Rocha Moya.
