*No respeta condiciones laborales conquistadas en 10, 15 ó 20 años.
De la redacción
En su supuesto plan de ahorro en el pago de nóminas, el Poder Ejecutivo del Estado de México está incurriendo en violaciones a la Constitución y legislación laboral, al modificar condiciones de trabajo de 10, 15 ó 20 años de servicio, lo cual no permiten ni la constitución, ni la leyes secundarias.
Junto con centenares de “aviadoras” y “aviadores”, los encargados de ese trabajo encomendado -entre los cuales figuran varios priistas o supuestos expriistas- están atropellando derechos laborales, en abierto atentado al derecho constitucional al trabajo.
Por si fuera poco, actúan de mala fe, pues llegan a notificar sus decisiones en lugares distintos de los domicilios de los funcionarios registrados en sus expedientes. Por necesidad, muchos están aceptando atropellos a su derecho constitucional al trabajo. Tienen necesidad de mantener a sus familias.
De acuerdo con información proporcionada a “El Espectador” y “La Noticiería” por numerosas afectadas y afectados por las arbitrariedades y agravios al marco constitucional y legal, el gobierno está abusando; sobre todo, en los casos en que los funcionarios tienen otro trabajo en la iniciativa privada o en el sector social o educativo, pues los bajos sueldos que paga el gobierno a ciertos niveles de la estructura obligan a buscar ingresos adicionales, y a esos centros laborales acuden a notificarles las decisiones, no a sus domicilios, como marca la ley, porque buscan perjudicarlos.
Las y los afectados aseveraron que cumplen con los horarios y condiciones de trabajo desde hace 10, 15 ó 20 años. Estas condiciones laborales se las respetaron los gobiernos priistas y ahora las atropella uno que es de izquierda y, en teoría, defiende los derechos laborales. De paso, sus arbitrariedades ocasionan demandas, que sobrecargan de trabajo a las autoridades laborales.
No sólo eso, quienes son agraviados en sus derechos son amenazados de que si presentan demandas laborales no volverán a ser contratados en el servicio público; es decir, en la práctica serán “boletinados”, como lo hacían las empresas privadas antes con la complacencia del sindicalismo corporativo antidemocrático.
A pesar de las amenazas, muchos y muchas decidieron defender en tribunales sus derechos laborales atropellados por quienes ni idean tienen de lo que es la función pública o los derechos de los servidores públicos.
En estos atropellos a la legalidad no se ha distinguido entre personal de confianza y sindicalizado, en perjuicio también del funcionamiento de la administración pública, porque se está dando de baja a personal capaz, con experiencia, responsable y vocación de servicio.
Según la información obtenida, la depuración de las nóminas de “aviadoras” y “aviadores” no perjudicó la operación de las instituciones, porque eran “vivales” que no se presentaban a trabajar. No desplegaban esfuerzos. No acudían a trabajar y sí, cobraban sueldos, vacaciones, aguinaldos, primas vacacionales y recibían atención en el ISSEMYM. Y hay información de que parte de lo que cobraban lo entregaban a quienes les dieron las “aviadurías”, lo cual nunca se investigó. Ahora la depuración de las nóminas no tomó en cuenta la valía de personal perjudicado, por lo que pierde el desempeño gubernamental, y tampoco se sabe si significa la eliminación de plazas, o lo contratación de nuevo personal amigo de los nuevos funcionarios, o la generación de nuevos aviadores.
