*Las autoridades judiciales insisten en el resultado de sus investigaciones, la alcaldesa acusa uso político del caso.
De la redacción
José Alberto “N” y Óscar “N”, esposo y cuñado de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, siguen prófugos de la justicia mexiquense y, hasta hoy, las autoridades penales carecen de información para ubicar su paradero y capturarlos para que respondan por los presuntos delitos cometidos en ese municipio.
El primero es señalado como principal autor intelectual del presunto plan de autoplagio de su cónyuge, cuyo móvil era el de obtener dinero de las arcas municipales, mientras su hermano tuvo participación activa en el montaje. Por ese delito están detenidas ya tres personas, incluyendo a una fémina.
Por lo pronto, la dirigencia nacional de Morena decidió suspender con carácter de temporal los derechos partidistas de la presidenta municipal de Tenancingo, y separarla de su cargo de presidenta del Consejo Estatal de la misma organización, además de solicitar la apertura de una investigación por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, órgano con facultades hasta para expulsar a sus militantes por actos de corrupción, atentados contra la unidad o la comisión de delitos.
Como en este espacio se dio a conocer con oportunidad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detectó contradicciones y falsedades en la información sobre su secuestro proporcionada por Nápoles, alcaldesa morenista y figura destacada de la corriente interna del partido en el poder en la entidad, “Mexiquenses de Corazón”, encabezada por el senador Higinio Martínez Miranda.
Las pruebas de la presunción del autosecuestro son videos grabados de la escena supuestamente montada del secuestro, en las cuales se observa que no hubo individuos armados, ni violencia, sino que la alcaldesa descendió de su vehículo, auxiliada con mucha cordialidad por las personas involucradas, quienes la apoyaron también para abordar otra unidad, cuya propetaria ya está detenida.
Al final, las indagatorias llegaron a la conclusión de que no hubo la privación ilegal de la libertad de la gobernante municipal, por un grupo armado del crimen organizado, como lo declaró, sino se trató de un autosecuestro para obtener de las finanzas municipales un monto de 40 millones de pesos, para solventar un quebranto patrimonial al municipio por esa suma.
Nápoles Pacheco insiste en que fue secuestrada y que la FGJEM tergiversó los hechos, por intervención de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, que encabeza Horacio Duarte Olivares, también morenista, y que se trata de un asunto político, lo cual fue rechazado por el funcionario, quien pidió a su correligionaria que fuera clara en su denuncia pública, y que él es el secretario, no es la Secretaría.
Además de los problemas internos en su partido, Nancy Nápoles Pacheco enfrentará un grave problema si la FGJEM acredita lo del montaje de un secuestro, delito que se castiga con 16 años de prisión, y que se incrementan cuando los involucrados son servidores públicos, como es el caso, además de 700 jornadas de trabajo en favor de la comunidad.
