*Alejandro Leyva Aguilar se había convertido en el más crítico del gobierno.
De la redacción
Después de casi dos semanas de la ejecución del periodista oaxaqueño Alejandro Leyva Aguilar, la exigencia de esclarecimiento del hecho y castigo para los culpables no cesa.
Tanto los informadores y analistas profesionales de Oaxaca, en cuya Zona Metropolitana ocurrió el atentado mortal, como organizaciones nacionales e internacionales de periodista condenaron el hecho y se sumaron al reclamo de justicia para el comunicador.
Leyva Aguilar fue director general de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORT), el medio público del gobierno oaxaqueño durante el anterior sexenio, que encabezó Alejandro Murat.
No obstante, al concluir esa administración no fue ratificado en la dirección general de la CORT. Posteriormente fue objeto de un procedimiento de responsabilidad administrativa, ocurrida presuntamente cuando fue servidor público, según recordaron periodistas oaxaqueños, colegas de la víctima.
El informador y analista profesional retomó su actividad profesional y se convirtió en el más severo crítico del gobernador Salomón Jara. Denunció amenazas y acudió a denunciarlas ante la Fiscalía General de la República, la cual se declaró incompetente, por tratarse de un delito del fuero común.
El Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos de Oaxaca le ofreció apoyo para su seguridad, pero según sus colegas, no lo aceptó y decidió seguir sin escolta.
La mañana del 22 de julio fue asesinado por la espalda cuando almorzaba en un sitio de comida, frente a su domicilio en el Fraccionamiento Esmeralda, del municipio de San Pable Etla, perteneciente a la Zona Metropolitana de la capital oaxaqueña.
A los investigadores del caso les pareció extraña la utilización en el homicidio de una pistola de bajo calibre: 0.22 milímetros, un indicio que apunta y deja dudas sobre si fueron sicarios de la delincuencia organizada los autores.
Los criminales al servicio de los grupos delictivos organizados usan en las ejecuciones armas de grueso calibre. Al cierre de esta edición de “El Espectador” se sabía que las investigaciones las seguía la Fiscalía General de la República, como lo había solicitado el gobernador Salomón Jara.
Organizaciones de periodistas expresaron su preocupación por los atentados mortales contra informadores profesionales de los estados, que según su recuento, suman 7, entre ellos, el Leyva Aguilar y otros ocurridos en Guerrero, Veracruz, Morelos y Puebla. Y exigieron garantías para la integridad física de los periodistas y condiciones para ejercer la libertad de expresión.
