*El juzgador determino la vinculación a proceso de Angel “N” con prisión preventiva.
De la redacción
Ángel Heladio “N”, quien fue gobernador de ese estado por segunda ocasión entre el 2011 y 2014, ha sido vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas, relacionada con el caso de los 43 alumnos de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, capturados y desaparecidos por policías y hombres vestidos de civil, en Iguala, Guerrero, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
La resolución judicial incluye prisión preventiva del inculpado, por lo cual pasará su proceso recluido en el penal de alta seguridad de El Altiplano, en el Estado de México. El juzgado de la causa fijó un plazo de 120 días para la investigación complementaria, después de que las 31 pruebas de descargo presentadas por la defensa -le fueron aceptadas 27- se consideraron insuficientes para desvanecer la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Los testimonios de la titular del Poder Judicial de Guerrero en la fecha de los acontecimientos, Lambertina Galeana Marín y de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, quien fue funcionaria del Tribunal Superior de Justicia y de la Procuraduría General de Justicia de ese estado, resultaron determinantes para la vinculación a proceso del exgobernante, quien ocupó el cargo también entre 1996 a 1999, en sustitución de Rubén Figueroa Alcocer, quien lo dejó por el caso de la masacre de campesinos ocurrida en el “Vado de Aguas Blancas”, municipio de Coyuca de Benítez en 1996.
Ambas testigos fueron detenidas por la destrucción de pruebas; específicamente de material videograbado de las escenas precisas de la captura de los jóvenes normalistas, catada por dos cámaras de videovigilancia instaladas en el exterior del Palacio de Justicia (del TSJ) en Iguala. Ese material contenía las escenas de cuando los normalistas fueron bajados de un autobús y subidos a otro, siempre custodiados por policías de Iguala, Huitzuco y Cocula, y por hombres fuertemente armados, vestidos de civil.
Después de eso nada se volvió a ver, ni saber de los estudiantes, quienes fueron a la ciudad cuna de la bandera para detener autobuses, con el fin de utilizarlos después para viajar a la Ciudad de México, donde participarían en la manifestación de protesta por la matanza de jóvenes universitarios el 2 de octubre del 1968.
Según los testimonios, Ernesto Aguirre Gutiérrez, sobrino de Ángel “N”, tenía vínculos con la organización criminal “Guerreros Unidos” y supo de antemano lo que ocurriría. La desaparición de pruebas por parte del entonces mandatario habría tenido la intención de proteger a su sobrino.
Las dos testigos decidieron declarar la realidad, porque fueron detenidas por la destrucción de esas pruebas. Optaron por denunciar lo sucedido, según ellas, para no pagar culpas ajenas, pues sostuvieron que el entonces mandatario guerrerense fue quien exigió las pruebas y después ordenó su destrucción, “para que no quedara rastro” de lo captado por las cámaras de videovigilancia.
