*Es política e instrucción directa de la gobernadora Delfina Gómez, explican. *“Vendeplazas” siguen en gobierno.
De la redacción
El gobierno estatal ya tiene demandas por despidos arbitrarios, con atropello a los derechos laborales de servidores públicos, y al mismo tiempo, en las estructuras administrativas mantiene a quienes operaron de verdad la creación de “aviadurías”, de acuerdo con información de empleados estatales.
Ocurren estas situaciones en el primer gobierno izquierdista del Estado de México y, adicionalmente, quienes se encargan de anunciarle a los afectados los despidos (son distintos a los “aviadores”, cuyas plazas las cobraban los funcionarios), son priistas que permanecen en las estructuras del gobierno morenista, y aprovechan la ocasión para dañar la imagen de la gobernadora ante los servidores públicos estatales.
Cuando perpetran las violaciones a la legislación laboral explican a los afectados que son “disposiciones directas”, políticas, de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez; es decir, la presentan como responsable de una política antilaboral, contraria a los principios de Morena, sin que nadie los desmienta, ni frene las maniobras desprestigiadoras.
De acuerdo con información de funcionarios mexiquenses, quienes declararon a condición de no citar sus nombres, en el problema de las “aviadurías”, quienes desde los gobiernos de Eruviel Ávila Villegas y Enrique Peña Nieto se han especializado en este tipo de corrupción, ahora asesoran a sus jefes inexpertos y desconocedores de sus áreas. Se han enriquecido y siguen en las estructuras administrativas.
Las áreas del Poder Ejecutivo dedicadas a prevenir y castigar la corrupción no atienden las denuncias para que indaguen a este personal. “Se presentan denuncias anónimas sobre los corruptos, para que se les investigue, pero les exigen a los informantes que presenten denuncias penales con sus nombres y apellidos; es decir, que hagan el trabajo de los órganos de control, que se expongan a sufrir agresiones físicas, incluso mortales”, en una situación que inhibe la denuncia y alienta la corrupción, expusieron.
“Los servidores púbicos honestos, preocupados e irritados por la corrupción que presencian proporcionan información suficiente, para que los casos se investiguen, pero les piden que sean ellos quienes investiguen y presenten denuncias, en una posición que propicia impunidad”, abundaron.
El problema de la corrupción se deriva de que no depuraron las estructuras administrativas de corruptos del PRI, y han sido determinantes para inducir a la corrupción a los nuevos funcionarios, con la agravante de que en los casos de quienes anuncian los despidos arbitrarios, culpan de ello deliberada y directamente a la mandataria, para afectar su imagen, recalcaron.
Además, las autoridades encargadas de sancionar las relaciones de los poderes estatales, ayuntamientos, organismo auxiliares y autónomos con sus empleados están saturadas por tantas demandas laborales, por lo que los casos demoran para iniciar y concluir, en perjuicio de los servidores públicos afectados y de las propias autoridades, porque cubren fuertes sumas por indemnizaciones y salarios caídos, pues pierden el 70 por ciento de los casos, revelaron abogados laborales.
