*Exgobernador Ángel Aguirre destruyó pruebas. *2 exgobernadores presos.
De la corresponsalía
Acapulco, Gro., Agosto-La aprehensión en Tepotzotlán, Estado de México y su reclusión en el penal de Máxima Seguridad del Altiplano, de esa misma entidad, sacudió al mundo político e institucional guerrerense, por el peso político del personaje, dos veces mandatario estatal, senador, diputado federal e integrante de gabinetes estatales, imputado del delito de contra la administración de la justicia.
La acusación de haber ordenado destruir imágenes de la detención de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre del 2014, tomadas por cámaras de videovigilancia instaladas en el exterior del Palacio de Justicia, de Iguala, indica que se trató de material que involucraba también a fuerzas de seguridad estatales, que dependían del gobierno aguirrista.
Esa captura, además, sorprendió, porque no se sabía que se le estuviera investigando, ni que testimonios de “testigos protegidos”, aportaban elementos que probaron la destrucción dolosa de las evidencias, coinciden litigantes de Guerrero.
La Procuraduría General de Justicia estatal abrió la carpeta de investigación, aquel trágico septiembre del 2014, antes de que el caso fuera atraído por la Procuraduría General de la República (PGR), ahora FGR, pero entre las pruebas entregadas no se incluyeron las muy importantes; es decir, las imágenes captadas por las cámaras.
De acuerdo con la información del caso, que pudo ofrecer la fiscal General de la República, la también guerrerense Ernestina Godoy Ramos, esas evidencias le fueron entregadas directamente al entones mandatario, quien llegó al cargo en el 2011 con apoyo del PRD, PT y Convergencia. Él ordenó destruirlas.
Aguirre Rivero, de 70 años, negó desde un principio que las autoridades guerrerense tuvieran apruebas adicionales sobre la desaparición de los 43 normalistas (en realidad son 41, porque fueron encontrados e identificados restos de dos).
No mentía, comentó a “El Espectador” un conocido abogado postulante acapulqueño, “porque las evidencias ya no existían: habían sido destruidas por órdenes directas y contundentes del propio gobernador.
Ese material, agregó, debió entregarse a la Procuraduría General de la República, cuyo titular era Jesús Murillo Karam, exgobernador de Hidalgo, pero no se conservó. Se destruyó por órdenes del ahora detenido, pues sabemos que antes la ahora fiscalía dependía en cuanto a designación de su titular a propuesta del gobernador, por lo que éste no tuvo problemas para hacerse obedecer en su orden de destruir esas pruebas, recalcó el entrevistado.
Se deshicieron las evidencias porque comprometían al gobierno estatal, recalcó el especialista en derecho penal y procesal, y recordó que por la desaparición de los normalistas están detenidos dos exgobernadores: uno de Guerrero y otro, Murillo Karam, de Hidalgo, quien cerró las investigaciones con la “verdad histórica” de la ejecución e incineración de los cuerpos en el basurero municipal de Cocula, con sus cenizas arrojadas a un río, lo cual es falso.
