*Será quien termine el período de Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia para dejar el cargo
De la redacción
El Congreso de Sinaloa designó ayer con 31 votos a favor y 36 en contra a Graciela Domínguez Nava como gobernadora de ese estado, en relevo de Rubén Rocha Moya, quien pidió licencia para ausentarse del puesto. La nueva mandataria sinaloense era diputada federal, pero solicitó licencia hace unos días.
Buscaba participar en la lucha por la coordinación de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en su estado natal, lo cual en la práctica se convierte en la antesala de la candidatura para la gubernatura que estará en disputa el próximo año. Su conversión en gobernadora le canceló por completo esa posibilidad.
En cambio, conducirá los destinos de una entidad federativa muy azotada por la violencia los próximos 14 meses. Concluirá su gestión el 31 de octubre del 2027, lapso en el cual se comprometió a buscar y lograr la paz, tranquilidad y gobernabilidad de Sinaloa, para ello establecerá relaciones de colaboración, coordinación y colaboración con el gobierno federal, los municipios y los sectores sociales y empresarial.
Domínguez Nava colaboró con Rocha Moya como secretaria de Educación Pública y Cultura, y fue dos veces diputada local. Una por el PRD y otra, por Morena, pues no es hechura política del gobernador con licencia, como los sostienen algunos medios informativos opositores al partido en el poder.
Desde muy joven (tiene 50 años) se vinculó con las luchas sociales, en apoyo de pescadores, de damnificados por la Presa Picacho, de Mazatlán, además de derechohabientes del INFONAVIT, y como política su carrera la hizo en la izquierda, como militante del PRD y es fundadora de Morena.
Le corresponderá gobernar a Sinaloa, entidad federativa que redujo el número de homicidios dolosos, pero todavía el promedio es alto, si se compara con la situación que prevalecía hasta antes de la división del “Cartel de Sinaloa”, por el secuestro y traslado ilegal a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, el 25 de julio del 2024.
A esta situación se agrega la solicitud de detención de urgencia con fines de extradición de Rocha Moya y nueve funcionarios púbicos más, incluyendo al senador Enrique Inzunza, presentada por el gobierno de Donald Trump, petición no atendida porque las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas suficientes para presumir que el gobernador con licencia y su grupo tenga vínculos con la delincuencia organizada.
Las fracciones legislativas locales del PAN y el PRI sostuvieron que la designación de la gobernadora Domínguez Nava nada cambiará, porque sigue el mismo grupo rochista, y en el caso de los priístas, adelantaron que pedirán juicio político para el exmandatario.
