*Bajarle prerrogativas cuando postulen para alcaldes a delincuentes, la fórmula.
De la corresponsalía
Acapulco, Gro.- Es tiempo ya de legislar para sancionar a partidos que postulen a delincuentes para cargos de elección popular, “y la sanción más persuasiva para lograr este objetivo es reducirles prerrogativas cada vez que se detecta un caso”, propuso Luis Salmerón Segovia, académico guerrerense y estudioso del tema. Recordó que a principios de octubre del 2022, un ataque armado en San Miguel Totolapan, municipio de la Tierra Caliente de Guerrero, dejó un saldo de 20 personas muertas. Entre ellas, al alcalde Conrado Mendoza Almeda y su padre, Juan Mendoza Acosta, quien también había ocupado ese cargo.
La agresión fue reivindicada por un grupo delictivo identificado como “Los Tequileros”, y estuvo dirigido a las autoridades municipales, emanadas del ya desaparecido Partido de la Revolución Democrática (PRD) y a miembros de “La Familia Michoacana” quienes vivían a unos pasos de la sede del ayuntamiento.
Ese ha sido el caso más sangriento en el estado de Guerrero, y puso al descubierto el grado de penetración de la delincuencia organizada en las autoridades de este nivel, pues los líderes criminales atacados convivían y vivían a pocos metros de donde despachaba el presidente municipal perredista.
“No ha sido el único derramamiento de sangre en la lucha de las bandas criminales por territorios municipales, en la cual se involucran autoridades, pero sí el que generó más escándalo”, recalcó Salmerón Segovia.
En entrevista con “El Espectador” y “La Noticiería”, se refirió a casos de presidentes municipales involucrados con la delincuencia organizada, de los cuales muchos han sido ejecutados en varias partes del país por distintos grupos criminales, “pero siempre contrarios a los que apoyaban los alcaldes”, como ocurrió el pasado mes en Temoac, Morelos, con el presidente municipal Valentín Lavín Romero, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Otros han terminado en prisión, como los alcaldes Diego Rivera Navarro, de Tequila, Jalisco, cuadro de Morena; y de Jesús Corona Damián, de Cuautla, Morelos, quien llego al cargo con el apoyo del PRI, del PAN y del PRD, ya extinguido.
“Por cierto, este gobernante municipal morelense fue aprehendido en este puerto, en el fraccionamiento Costa Azul. Y en su momento se difundió que tenía muchas propiedad inmuebles aquí, pero nada se ha abundado”, recordó Salmerón.
Creo que casi toda la población adulta del país sabe que los gobiernos municipales son los más cercanos a sus gobernados, y sabe quiénes son criminales. “Y los partidos deben saberlo mejor”, abundó el especialista en el tema.
“Hasta ahora todo queda en el escándalo mediático y al tema de la nota policiaca o de la fuente judicial, pero se trata de un problema muy grave que debe frenarse y erradicarse por completo, para lo cual debe por principio sancionarse a las organizaciones políticas que postulan para cargos populares a miembros de grupos criminales de las regiones donde se ubican los municipios”, recalcó el entrevistado. “A las cúpulas de los partidos les puede más que les toquen el bolsillo, por lo que mermarles prerrogativas impediría este tipo de candidaturas”, advirtió.
Cuando llevan a las alcaldías a miembros de la delincuencia organizada ocasionan gran daño a la sociedad, “y debe y puede evitarse mediante sanciones económicas fuertes a los partidos que los postulan”, concluyó.
