COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
POSTULACIÓN DE DELINCUENTES, POR DESCUIDO,
AMENAZA O COMPLICIDAD CON LOS CRIMINALES
Con la puesta en marcha oficial de los procesos electorales del próximo año, desde el poder público se impulsó un mecanismo para impedir que delincuentes se infiltren entre los candidatos, especialmente entre quienes serán autoridades locales; es decir, miembros de los ayuntamientos.
No puede saberse todavía si ese mecanismo permitirá dotar con oportunidad de información veraz y suficiente a las organizaciones políticas sobre los perfiles de cada aspirante a candidaturas, pero el objetivo es pertinente, pues en el actual trienio municipal decenas de ediles terminaron en la cárcel por vínculos con la delincuencia organizada.
Lo peor que puede pasarle a los habitantes del espacio de poder más cercano a la sociedad, como lo son los ayuntamientos (el país está dividido para fines de autoridades en municipios) es que por descuido, desconocimiento o, peor aún, por conveniencias y complicidad, los partidos los doten de gobiernos criminales.
Desde esta perspectiva, el mecanismo propuesto y aprobado puede aportar a disminuir esos riesgos, si bien nadie puede garantizar se abatan a cero, porque se está ante situaciones generadas por organizaciones que son criminales, pero también tienen amplia experiencia y diversos recursos para infiltrar partidos y gobiernos; sobre todo, los municipales, los menos preparados para resistir esos embates de quienes se organizan para delinquir.
En todos los casos los alcaldes y alcaldesas vinculadas con la delincuencia organizada aportan sus corporaciones policiacas, por lo cual también han sido detenidos muchos mandos de los cuerpos de seguridad de este nivel de gobierno, que en un alto porcentaje de demarcaciones irán a elecciones el próximo año.
En muchos municipios gobernados por el PRI, PAN, Morena, PT, PVEM y MC se han detectado vínculos con criminales organizados, lo que debe prevenirse en los próximos procesos comiciales, mediante la cancelación de cualquier riesgo de infiltración de delincuentes en el universo de candidatos y candidatas.
No está por demás recordar que entre gobernantes municipales encarcelados figuran mujeres en ejercicio o ex alcaldesas de todos los partidos, por lo que se miente cuando se asevera que es Morena donde existen los coludidos o impuestos por la delincuencia organizada.
El partido en el poder tiene 12 años de fundado y menos de 8 conduciendo los destinos del país, mientras que la delincuencia organizada, como la conocemos ahora (existe desde la Segunda Guerra Mundial e inicialmente se dedicaba al contrabando) se constituyó en Sinaloa en un gobierno del PRI de la segunda mitad de la década de los sesenta del siglo pasado, por lo que sólo por estrategia puede hablarse de narcogobiernos y narcopolíticos morenistas.
Tampoco debemos olvidar que el mejor ejemplo de narcogobierno fue el de Felipe Calderón Hinojosa, cuyo secretario de Seguridad, Genaro García Luna, está preso por haber formado parte del cartel que encabezaron en las últimas tres décadas Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Con estos antecedentes no es difícil percibir la necesidad y conveniencia de que se busque impedir que en el próximo proceso electoral la participación de aspirantes a alcaldes, diputados locales y federales de personajes con la delincuencia organizada.
