*La argumentación del juzgador carece de lógica y sustento, la intención evidente era dejarlos en libertad.
De la redacción
Una jueza penal del distrito judicial de Chalco dictó sentencia condenatoria de menos de año y medio y multa inferior a los 6 mil pesos a los que como funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del gobierno mexiquense fueron acusados de dedicarse a extorsionar a propietarios de verificentros, lo cual presuntamente les reportó ganancias ilícitas por centenares de millones de pesos.
Raul Piña Horta, quien cuando supuestamente extorsionaba a los negocios de este giro era director general de Control de la Contaminación Atmosférica, y su entonces subordinado y coacusado, Carlos Eduardo Solares Vega fueron denunciados públicamente en una conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Los afectados formalizaron sus denuncias y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investigó y encontró elementos para solicitar y obtener orden de aprehensión contra los dos funcionarios, ambos cuadros destacados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Incluso Piña Horta fue antes diputado local de una alianza del PRI-PVEM.
En agosto fueron capturados, trasladados a territorio mexiquense y recluidos en el penal de Chalco, pero en un proceso acelerado, de apenas poco más de dos meses, recibieron sentencia condenatoria leve, mínima, casi simbólica, como si el Poder Judicial mexiquense quisiera alentar la corrupción e impunidad de los servidores públicos.
Cubrieron de inmediato la sanción económica y dejaron la cárcel, con la sanción adicional de que no pueden volver a ocupar sus cargos y de acudir a una instancia de medidas cautelares cada mes, pero recuperaron su libertad con un argumento más de encubrimiento que de aplicación de la ley: que las víctimas declararon que “ya no han sido extorsionados”, y que “ya los dejan trabajar”, cuando los cargos eran que realizaron la extorsión cuando se desempeñaban como funcionarios públicos, no cuando ya estaban encarcelados.
La jueza reclasificó los delitos de extorsión agravada y abuso de autoridad, y decidió suprimir el primer cargo y sólo dejó el segundo, en una situación que sorprendió a los analistas políticos, porque a pesar de que el caso de las extorsiones fue en su momento un escándalo nacional, el Poder Judicial del Estado de México les dictó una sentencia condenatoria de un año y cuatro meses, y la reducida sanción o garantía económica.
