*Mafias que controlan los penales y autoridades exigen hasta 20 mil pesos por cama.
De la redacción
La gravedad del hacinamiento, torturas, extorsiones a presos y sus familiares en los penales del Estado de México obligó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a intervenir en un caso de solicitud de amparo de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública.
En una orden sin precedentes en la historia del Máximo Tribunal Constitucional de México, ordenó al gobierno del Estado de México resolver esta situación que implica violación a los derechos humanos de los presos, consistente en no disponer de un lugar dónde dormir y tener que hacerlo en los pasillos, donde tampoco hay espacio para acostarse en el piso y, por ello, deben pernoctar sentados.
Esta situación, referida al Penal Neza Bordo de Xochiaca, con sobrepoblación de 217.5 por ciento (alberga a 5 mil 823 presos y tiene capacidad para mil 834 internos), es la constantes en casi todos los penales estatales, y es aprovechado por las mafias que controlan las actividades criminales en las cárceles y funcionarios carcelarios, quienes cobran hasta 20 mil pesos por un cama en dormitorio y cuota mensual de 3 mil 200 pesos, según el expediente que analizó la SCJN.
La comida también es muy mala, y hasta en mal estado; sobre todo, en las cárceles de las ciudades más pobladas, y aunque también está presente en las de municipios rurales, como lo han documentado desde hace muchos años los medios informativos locales, incluidos “El Espectador”y “La Noticiería”.
Es decir los problemas de sobrepoblación carcelaria, la venta de protección, torturas, extorsiones a presos y familiares por grupos criminales y funcionarios corruptos, data de gobiernos estatales anteriores, pero no han sido siquiera atenuados por el actual, de acuerdo con la información proporcionada a la SCJN.
Familiares extorsionadas por las “mafias” que controlan la vida de las cárceles de la entidad mexiquense, revelan que les cobran cuotas para “proteger” a los presos de torturas, que en realidad aplican los propios extorsionadores.
Los reclusos que no tienen familiares en condiciones de cubrir los cobros, sufren maltrato físico o les sirven como esclavos a quienes dominan el mercado de las drogas. Las extorsiones se pagan para ingresar comida, permitirles hablar por teléfono y evitar ser víctima de torturas u otros delitos en los penales. Les asignan tareas humillantes, y todo esto lo permiten las autoridades de los penales que, como si se tratara de una burla cruel, son denominados “Centros de Readaptación Social”.
El fallo fue a un proyecto elaborado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, apoyado por sus pares. La ministra Jasmín Esquivel explicó que “los presos pierden su libertad, no su dignidad humana”.
De acuerdo con datos estadísticos oficiales, el sistema de centros de Prevención y Readaptación Social tiene capacidad para poco más de 16 mil 300 presos, pero tienen una población interna mayor a los 38 mil 680, la sobrepoblación se convirtió en negocio de mafias criminales.
