HACINAMIENTO, EXTORSIÓN Y
TORTURA EN PENALES MEXIQUENSES
DESDE LOS PENALES OPERAN TAMBIÉN MANDOS
DE CRIMINALES ESPECIALIZADOS EN EXTORSIÓN
No habla bien de un gobierno que no pueda controlar a los delincuentes que tiene presos en su sistema penitenciario, como ocurre desde hace tiempo en el Estado de México. Por asociación de ideas no puede evitarse la convicción de que si no puede combatirse con eficacia a quienes delinquen en espacios reducidos, vigilados y que no pueden abandonarlos, como son las cárceles, difícilmente podrán someter al imperio de la ley a quienes se encuentran delinquiendo en libertad.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga al gobierno estatal a atender la violación a los derechos humanos de la población interna en uno de los 21 penales mexiquenses, agraviada por la sobrepoblación, la falta de espacios para dormir, al grado de que deben pasar la noche sentados, y la mala calidad de la alimentación, inclusive con comida echada a perder, visibilizó a escala nacional la problemática del sistema cárceles, difundida periódicamente por los medios informativos locales desde hace décadas, incluidos “El Espectador” y “La Noticiería”.
La resolución fue tomada al examinarse la solicitud de amparo por graves violaciones a los derechos humano en el penal Neza Bordo de Xochiaca, presentada por un funcionario del Instituto Federal de la Defensoría Pública, pero la situación denunciada: hacinamiento, tortura, extorsión a los internos y sus familiares por mafias de criminales, cobro por dejar entrar alimentos en los días de visita y especialmente el cobro de cuotas para no maltratar físicamente a la mayoría de los presos, son problemas cotidianos de los internos.
En este sentido, la magistrada Jasmín Esquivel recordó que los detenidos, vinculados a proceso o sentenciados, perdieron su libertad, pero no su dignidad de persona. Es decir, no por presuntos o delincuentes comprobados deben ser víctimas de torturas, extorsiones, “tratos crueles e inhumanos”, como se asentó en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo que examinó el Máximo Tribunal Constitucional del país responde a la realidad en los penales mexiquenses, en un problema que comenzó en los gobiernos priistas, pero que no ha solucionado el actual morenista. La alta corrupción en los penales es sabida, pero no se combate para erradicarse.
No sería extremadamente difícil terminar con la violación a los derechos humanos en los penales y terminar con las extorsiones, porque sus autores están presos. No necesitan ir a buscaros en las zonas urbanas o rurales. Sólo es cuestión de voluntad e interés en hacer valer el Estado de Derecho en los penales.
La SCJN no tocó la otra vertiente de la corrupción y otras actividades criminales que se perpetran desde los penales mexiquenses: las extorsiones telefónicas, que rebasan el territorio estatal y llegan a todo el país, como está suficientemente documentado y lo han padecido cientos de miles de personas.
Tampoco este delito tiene explicación lógica, porque por obligación de la Ley específica de la materia, el uso de teléfonos está estrictamente prohibido, y si se utilizan para delinquir desde las cárceles, es porque se lo permiten las autoridades, porque inclusive hay inhibidores de señales, que sólo si se apagan pueden permitir que las llamadas de extorsión salgan de los penales. Hay mucho por hacer en el tema, pero como en tantos otros, lo que falta es voluntad política.
