*Generan rechazo decretos que permiten explotación de cuencas hídricas por la IP.
A casi cinco meses de dejar el cargo y con alto riesgo de entregarlo a un opositor, el presidente Enrique Peña Nieto publicó decretos para suprimir la veda a la explotación de cerca de 300 de las 757 cuencas nacionales y darles categoría de zonas protegidas, con posibilidades de concesionar su explotación a empresas mineras, petroleras y refresqueras.
Organizaciones no gubernamentales (ONG’s), como la Coordinadora Nacional Agua para Todos, investigadores especializados en el tema de la UNAM, FLACSO y CIDE, consideraron grave el cambio de categoría de esas cuencas hídricas, en las cuales se localiza el 50 por ciento de los lagos y ríos del país y que los decretos autoricen a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para otorgar concesiones a particulares para la explotación del recurso hidráulico.
Consideraron sin sustento la explicación de la CONAGUA en el sentido de que se trata de conservar el recurso hidráulico para garantizarlo a futuras generaciones, cuando la concesión a empresas mineras, refresqueras y petroleras, especialmente para la explotación de gas y petróleo va en sentido contrario y en contra de los derechos de las comunidades rurales y pueblos indígenas.
Subrayaron que el acceso al agua es un derecho humano y una garantía constitucional, que se pondrán en riesgo cuando se concesione el recurso hídrico para usos industriales y comerciales.
En particular consideraron grave que el agua escasa vaya ser susceptible de concesionarse para ser utilizada en grandes volúmenes por la industria minera, y particularmente en los procesos de obtención de gas y petróleo mediante el procedimiento conocido como “fracking”, altamente contaminante.
Para ello bastará con que el gobierno aduzca se trata de una decisión fundada en el interés público. Reconocieron que el agua no se privatizará, pero sí su explotación, con lo cual y al final sus consecuencias son las mismas para quienes carecen de ese vital líquido, como ocurre con las reservas petroleras, que no se privatizaron, sino “concesionaron” hasta que se agoten, que para efectos práctico es lo mismo.
Llamaron la atención sobre el tiempo en que se publicaron los decretos, que son actos administrativos, no producto de procesos legislativos, y criticaron a investigadores que sostienen que el presidente Enrique Peña Nieto tiene facultades constitucionales para adoptar las medidas aprobadas, cuando eso no está a discusión, sino las consecuencias de esas decisiones contrarias a los derechos humanos de la población al agua potable, que dejada en manos privadas no los garantizarán.
