MAXIMILIANO CASTILLO R.
En su sexenio como presidente de la República Enrique Peña Nieto gastó más de 60 mil millones de pesos en pago para difundir en los grandes medios nacionales impresos, electrónicos y portales digitales propiedad de conocidos periodistas propaganda de sus acciones y declaraciones, y obtener comentarios elogiosos.
Esa elevada suma está documentada, según el nuevo Poder Ejecutivo Federal, pero periodistas experimentados, con décadas de actividad, consideran mayor el verdadero gasto, por la costumbre de entregar fuertes sumas de dinero a periodistas, sin la presentación de comprobantes fiscales, por lo cual no se incluyen en los montos de gastos en difusión, en una especie de “lavado de dinero”.
Los objetivos de ese gasto sexenal fueron el de construirle al entonces mandatario una imagen de eficaz, honesto y de grandes resultados positivos para los mexicanos, con el fin de que el PRI conservara el poder; y al mismo tiempo, para crearle al principal líder social y político del país, Andrés Manuel López Obrador, una leyenda de hombre autoritario, con ideas populistas, en quien no debía confiarse y, menos, hacerlo jefe de la nación.
El primero de diciembre Peña Nieto se vio obligado a traspasar el Poder Ejecutivo al tabasqueño, mientras él terminó su período sexenal con la más baja aprobación de que se tenga memoria en más de un siglo. Los efectos del gasto propagandístico fueron contraproducentes, pues adicionalmente el tricolor fue barrido en las urnas.
Algo similar le ocurrió a Eruviel Ávila Villegas en su tiempo de gobernador mexiquense. Destinó ríos de dinero a los mismos grandes medios de cobertura nacional, por su ingenua aspiración de ser candidato presidencial de su partido. Llegó al extremo de beneficiar con grandes sumas de dinero a periodistas desprestigiados, pero que él, con criterio aldeano, los consideró útiles a sus planes. También concluyó su sexenio con el más reducido apoyo social registrado por mandatario estatal alguno. De nada le sirvió el despilfarro de dinero público. Enriqueció más a empresas periodísticas, eso sí.
A escala le pasó lo mismo a quien era alcalde de Toluca. Fernando Zamora tan sólo en sueldos de 63 personas contratadas para trabajar en el área de prensa del ayuntamiento se gastó más de 16 millones de pesos al año, sin contar el gasto en propaganda, cuyo fin era presentarlo como buen gobernante, para poder reelegirse. Fracasó rotundamente en su plan. En las urnas los votantes lo relegaron hasta el tercer lugar.
Con escasos recursos económicos, López Obrador destrozó al PRI y a su candidato presidencial. En iguales condiciones Juan Rodolfo Sánchez Gómez hizo lo mismo en Toluca con ese partido y su abanderado. Los tres casos expuestos ilustran con bastante nitidez que resulta inútil el derroche de fondos públicos en propaganda cuando las instituciones y quienes las encabezan trabajan mal y ofrecen resultados desastrosos para sus gobernados. En estas condiciones, los gobernantes desperdician dinero de los contribuyentes para satisfacer su vanidad y autoengañarse.
