URGENTE ANALIZAR QUÉ PASÓ
CON MANEJO DE PRESUPUESTO
TAMBIÉN DEBEN EXAMINARSE LAS CONDICIONES DE
LA ECONOMÍA ESTATAL Y SU BAJA PRODUCTIVIDAD
Durante el año 2018 el Poder Ejecutivo recibió más de 62 mil millones de pesos como ingresos extras. Fue un río de dinero, no previsto en la Ley de Ingresos aprobada por la representación popular. Para dar una idea de su dimensión, esa suma no prevista, ni esperada, hubiera permitido construir una obra estatal de mil millones de pesos en 62 de los 125 municipios o una de 500 millones, en todos.
La fiscalización de ese gasto no permitió conocer el destinó de esa suma, pero no se ejerció en la atención de necesidades sociales, a juzgar por las malas condiciones de vida de 10 millones de los 17.5 millones de mexiquenses. Es probable que esos fondos hayan sido aportados por la federación y etiquetados para determinados programas, pero de todos modos se trató de un monto estratosférico. Ni siquiera lo gastó todo el gobernador Alfredo del Mazo Maza. Dejó sin aplicar cerca de 7 mil millones.
La 60 Legislatura Local dio a conocer que no hubo información suficiente sobre muchos programas, ni de las sumas devueltas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en una situación urgida de esclarecimiento, porque los efectos de esos recursos adicionales y de los incluidos en la Ley de Ingresos y su destino al presupuesto de egresos no se tradujeron en el aumento de los niveles de bienestar de la población.
Cerca de las dos terceras partes de los 17.5 millones de habitantes del Estado de México tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza, aunque inexplicablemente el INEGI no los considera pobres. De cualquier manera, esta omisión estadística no modifica la angustia de quienes carecen de ingresos suficientes para alimentarse y nutrirse bien; es decir, quienes padecen precarias condiciones de vida.
Desde esta perspectiva resulta urgente que el sistema de fiscalización dependiente del Poder Legislativo Local revise no sólo las partidas presupuestales ejercidas, sino fundamentalmente el impacto del gasto social en la forma como se desenvuelven las vidas de millones y millones de mexiquenses, porque hasta ahora no lo ha hecho el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
En la revisión, aprobación y calificación de la Cuenta Pública de 2018, justamente el año cuando se recibieron ingresos adicionales por esos más de 62 mil millones de pesos adicionales, no encontraron sobreprecios en las compras de bienes y servicios, ni en los contratos de obras públicas.
Mucho menos se detectaron facturas falsas o pagos por bienes y servicios no prestados, ni por obras no ejecutadas o pagadas y no terminadas. Los fiscalizadores no encontraron pagos a empresas inexistentes o servicios profesionales cubiertos a “aviadores”. Las irregularidades descubiertas no incluyen las modalidades del largo catálogo de mecanismos que utilizaban los gobiernos para desviar recursos.
Queda la posibilidad legal de investigar y esclarecer qué pasó con el alto presupuesto y los fondos adicionales. La aprobación de la cuenta pública 2018 no da impunidad. También deben debatirse el comportamiento de la economía y la baja productividad. Solo cuando exista una verdadera fiscalización y castigo a la corrupción, nuestro estado podrá superar sus problemas de pobreza.
