1-No hay dudas de que la preocupación por el COVID-19 y la necesidad de contener y erradicar los contagios son justificadas. No obstante, ni los gobiernos estatales, ni los municipales y, menos, los particulares, tienen facultades para impedir el libre tránsito de las personas, garantizado por la Constitución. Eso sólo puede hacerlo el presidente de la República, con la aprobación de las dos terceras partes de la representación popular nacional y la ratificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Desde esta perspectiva, lo que ocurre en municipios -como lo aclaró la CODHEM-; es decir, los cierres carreteros y de vialidades son ilegales, por más que desde el punto de vista humano sea entendible la intención de estas restricciones al libre tránsito.
2-El COIVD-19 vino a evidenciar la gran desigualdad económica y social en México, donde el 56 por ciento de los trabajadores lo hacen en la economía informal. Y los más vulnerables son quienes trabajan por su cuenta y no tienen ahorros. Se ven obligados a salir a buscar ingresos para la sobre vivencia familiar.
Es trágico que corran alto riesgo de contagiarse, a cambio de pocas posibilidades de ganar dinero; sobre todo, quienes venden en las calles, porque no hay muchos clientes potenciales. Los factores que generan esa desigualdad e injusticia sociales deben combatirse y erradicarse cuando pase la pandemia.
