Augusto L. Robles
Pocas horas les duró la alegría a los funcionarios y empresarios corruptos del pasado: Santiago Nieto Castillo -quien renunció a la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por el escándalo ocasionado por sus invitados a su boda en Guatemala con la consejera del INE, Carla Humphrey- fue relevado por Pablo Gómez, un hombre tal vez más enemigo de la corrupción que su antecesor.
En torno al caso todavía existen muchas dudas, y sobra materia para especulaciones; por ejemplo, muchos consideran que los 35 mil dólares no declarados oportunamente a las autoridades guatemaltecas que llevaba Juan Francisco Healy Ortiz, dueño de “El Universal”, invitado de honor en la boda y radical opositor de AMLO y la 4T, eran para tenderle una trampa a Nieto Castillo.
La cantidad no es escandalosa en si misma, y hasta el propio presidente ha dicho respecto a ésta que el gobierno de Peña Nieto le entregaba diario mucho más dinero al empresario; sin embargo, resulta muy sospechosa la versión de que esos dólares eran para pagar las cuentas médicas de un tratamiento al cual se sometería Healy Ortiz en Estados Unidos, después de la boda.
Resulta poco creíble eso de que pagaría su curación en Estados Unidos con ese efectivo, cuando allá la bancarización está muy avanzada y podía pagar con cheques o tarjetas o retirar ese dinero de las cuentas que tiene en ese país; simplemente, para un empresario de su talla, andar cargando dinero en efectivo por tres países para pagar una cuenta médica no parece la opción.
Tampoco ayuda a fortalecer esa hipótesis el que el poderoso empresario de medios haya llevado a Guatemala a varios invitados en lujoso jet privado, el cual se supone rentó y era el mismo con el que se transportaría a la Unión Americana, pero se ve que no confió en dejar el dinero resguardado en la aeronave.
Al final se habría cumplido el objetivo de ponerle piedras en el camino al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya hasta algunos dicen que era para evitar que aspirara a la presidencia. Afortunadamente, su relevo es garantía de continuidad en la lucha contra la corrupción.
